Un megaoperativo internacional desarrollado en 14 provincias para desbaratar una red de tráfico de material relacionado a la pedofilia involucró una serie de allanamientos que dejaron como saldo dos detenidos en Rosario.
Fuerzas Federales y policías provinciales participaron de forma coordinada con la “Operación Red Federal en alerta”, una investigación iniciada desde el Ministerio Público Fiscal porteño, en coordinación con agencias de Estados Unidos y a partir de indicios detectados en la web. De esta manera, pudieron rastrean personas involucradas con la creación y distribución de material sobre abuso sexual a menores.
En Rosario, uno de los allanamientos fue en un domicilio de calle Baigorria al 1400, en un departamento de pasillo. Allí quedó detenido un hombre de 61 años, identificado como C.R.V.. En la vivienda se secuestró una CPU, una notebook, un teléfono celular, un pendrive y una tarjeta memoria.
Por otra parte, F.G.Q., de 48 años, quedó detenido en otra operación realizada en calle 9 de julio al 4000, donde se secuestraron cinco celulares, una CPU, dos pen drive y un disco rígido de interés para la causa.
Cómo empezó el operativo que terminó con dos detenidos en Rosario por pedofilia
La investigación derivó del análisis de datos en línea con un sistema espía, que monitorea en tiempo real posibles actividades relacionadas con la pornografía infantil. De esta manera, se pudo determinar la presencia de este tipo de material y rastrear sus orígenes para llevar adelante la Operación Internacional ICACCOPS (por Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System).
Hasta el momento, se realizaron 70 allanamientos en distintas partes del país y hay por lo menos 20 personas detenidas. La investigación involucró objetivos en Caba y las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Chaco, Corrientes, Catamarca, La Pampa y Santa Fe.
La causa fue llevada adelante por el Juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 25, a cargo de la magistrada Carla Cavaliere, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que dirige Daniela Dupuy.
