La Justicia rosarina dio un paso clave en la lucha contra el narcotráfico con la imputación de cinco personas acusadas de integrar una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Según la investigación liderada por la fiscalía, la red delictiva mantuvo una actividad sostenida en el territorio desde noviembre de 2024 hasta los últimos días de diciembre de 2025. El caso pone de relieve cómo estas organizaciones de baja escala logran ramificarse en diversos barrios de la ciudad.
Durante la audiencia celebrada este lunes 5 de enero, se detalló el funcionamiento de esta banda que distribuía cocaína y marihuana en dosis fraccionadas. La fiscal Brenda Debiasi presentó las pruebas que vinculan a los sospechosos con la logística y venta directa de drogas, señalando que la organización contaba con roles específicos para garantizar el flujo de dinero y mercadería en puntos estratégicos de Rosario.
Prisión preventiva y libertad con restricciones
El juez Juan Ignacio Gasparini resolvió dictar la prisión preventiva efectiva por el plazo de un año para Eric T., quien fue identificado como el máximo responsable y coordinador de la red. De esta manera, el imputado permanecerá tras las rejas hasta enero de 2027 mientras avanza la causa. Por otro lado, las otras cuatro mujeres involucradas, Marcela F., Jesica R., Sofía R. y Dalma T., recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetas a un riguroso régimen de conducta.
Entre las medidas alternativas impuestas a las acusadas se destacan la prohibición absoluta de salir de la ciudad, el deber de presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y la prohibición de contacto entre los miembros del grupo. En el caso particular de Marcela F., se sumó el depósito de una fianza y la restricción estricta de manipular cualquier tipo de sustancias prohibidas, bajo apercibimiento de revocar su libertad inmediata si incumple las normas.
La acusación fiscal sostiene que Eric T. operaba junto a un prófugo, identificado como B.N.R., en la coordinación general de la actividad. Debajo de ellos, la estructura se dividía en eslabones: mientras unas se encargaban de la logística para el traslado de las sustancias, las más jóvenes eran las responsables de la venta directa a los consumidores en los puntos asignados, rindiendo cuentas del dinero recaudado al final de cada jornada.
La causa sigue abierta y las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones o se identifiquen más puntos de venta vinculados a este expediente. Por el momento, la resolución judicial logra desarticular una célula de comercialización minorista que contaba con una aceitada presencia territorial, dejando a la luz la complejidad que enfrentan las fuerzas de seguridad para frenar el avance del narcomenudeo en la región.
