“Leo, pagá”, pintaron sobre un edificio baleado en barrio Echesortu hace más de dos años. La víctima del mensaje extorsivo fue Leonardo Peiti, que este jueves acordó una multa de más de 42 millones de pesos en cinco causas sobre juego clandestino y otros delitos. El rosarino declaró como arrepentido e incriminó a senadores provinciales al afirmar que accedió a favores políticos a cambio de dinero.
El empresario recibió una condena a 3 años de prisión efectiva, la mitad de lo que le corresponde según la escala penal de los hechos atribuidos. En la videoconferencia organizada por la unificación con otras investigaciones similares en Rafaela y Melincué, manifestó su conformidad con el procedimiento abreviado que homologó el juez Rafael Coria.
“Estoy totalmente de acuerdo, a ver si se termina todo este proceso”, comentó Peiti en compañía de uno de sus abogados. La resolución incluye el pago de $42.479.500 en cinco cuotas con el primer depósito programado dentro de 30 días. A esto se suma el decomiso de 19 lotes en Tierra de Sueños Casilda y un Toyota Corolla.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery señalaron que la multa al empresario equivale el triple del dinero lavado en una de las maniobras ilegales que le atribuyeron. Durante la audiencia del juicio abreviado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) aludió además a supuestos pagos por un total de 200.000 dólares al senador provincial Armando Traferri.
¿A quién le pagaba coimas Leonardo Peiti en Rosario?
Según las declaraciones que constan en el expediente, Peiti también se reunió con el legislador del departamento Iriondo, Hugo Rasetto, y le dio dinero para asegurar que le permitieran explotar el juego clandestino en esa zona. En ese encuentro también dijo haber dejado plata con el mismo objetivo para Lisandro Enrico, otro integrante de la Cámara alta.
La segunda vez se presentó ante la jueza Eleonora Verón, el empresario fue más allá del ámbito político a la hora de contar qué conexiones tenía. Así planteó que jefes de las fuerzas de seguridad también le cobraban por hacer la vista gorda ante las apuestas ilegales. En ese caso mencionó una pelea con Daniel Corbellini, por entonces jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), y subrayó que el uniformado manejaba ese negocio con José Luis Amaya, titular de la Unidad Regional II.
