Redacción Vía Rosario
El exintendente de San Lorenzo, Armando Traferri, fue citado a una audiencia imputativa sobre juego clandestino y corrupción en la función pública. El senador provincial lleva un largo tiempo mencionado en el expediente, pero hasta ahora no se había presentado bajo el amparo de sus fueros legislativos.
“Pipi” fue denunciado en 2020 por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra como un miembro fundamental de una asociación ilícita dedicada a organizar apuestas ilegales en la ciudad y la región. El funcionario desmiente su participación desde entonces y ahora está dispuesto a defenderse formalmente ante la Justicia.
¿Cuándo imputarán a Armando Traferri?
La audiencia imputativa de Armando Traferri se programó el lunes 8 de octubre a las 14.30. El dirigente peronista había pedido que lo convocaran para demostrar su inocencia y tratar de apartarse definitivamente de una de las causas penales de mayor impacto político de la última década.
El senador departamental debe presentarse en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario. La jueza Eleonora Verón analizará entonces la presentación de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato, que se hicieron cargo del expediente.
¿Por qué quieren imputar a Armando Traferri?
Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Armando Traferri era uno de los tres organizadores de la red de casas de juego clandestino de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y otras localidades. Su supuesto rol fue expuesto en base al testimonio del empresario Leonardo Peiti, condenado con una pena atenuada por haber sido un imputado colaborador.
Los investigadores sostenían que el “Pipi” era fundamental dentro de esta estructural ilegal, ya que le brindaba “cobertura judicial y otros favores ilícitos” a los delincuentes. El otro jugador clave en ese negocio era el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.
La teoría sobre la línea de mando tenía a Gustavo Ponce Asahad en el escalón más bajo de la lista de funcionarios públicos denunciados. Los sospechosos acordaron el encubrimiento de la actividad de Peiti a cambio de dinero.
Gracias al pago de coimas a los exfiscales, el empresario no sólo mantenía abiertas las casas de juego ilegal. También accedía a información reservada para anticiparse a allanamientos y otras medidas del MPA en causas que podían perjudicar a sus cómplices. La conexión se develó en la investigación sobre el asesinato de Enrique Ensino, el gerente bancario baleado en el casino de City Center Rosario.