Lucas Aranda
La Cámara de Apelaciones de Rosario ordenó este miércoles la liberación de Patricio Serjal en el marco de la causa sobre corrupción y juego clandestino. Al ex fiscal regional se comprometió a pagar una multa mínima de 10 millones de pesos y debe cumplir con una serie de reglas de conducta hasta el juicio oral.
El hombre que estuvo al frente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hasta agosto de 2020 pasó casi un año bajo prisión domiciliaria. Aquella medida cautelar fue dictada debido a sus problemas de salud y en esta instancia se resolvió que se mantengan las “condiciones de abordaje terapeútico” bajo las cuales salió de la cárcel.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra se opusieron al pedido de liberación, pero el juez Guillermo Llaudet Maza aceptó el planteo de la defensa. A partir de la resolución, Serjal entregó su pasaporte y su documento de identidad como parte de la prohibición para salir del país. Al mismo tiempo, notificaron al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para que no pueda tramitar otros.
El ex fiscal Regional de Rosario tiene que presentarse de manera semanal ante las autoridades. Mientras tanto, debe evitar cualquier tipo de contacto con testigos u otros imputados, ya sea de manera presencial o por alguna vía de comunicación.
La resolución de la Cámara de Apelaciones revierte la decisión de primera instancia por la que se había extendido la prisión domiciliaria de Serjal hasta marzo. Así, el acusado que tenía el cargo de mayor jerarquía en la causa podrá circular bajo restricciones luego del cierre de la investigación penal preparatoria.
En el próximo juicio oral y público, el nicoleño afrontará un pedido de 12 años de prisión por haberle cobrado entre 5 y 10 mil dólares mensuales al empresario Leonardo Peiti, que hace casi dos semanas salió en libertad condicional. El circuito del pago de coimas a cambio de protección en el MPA también involucró al exfiscal Gustavo Ponce Asahad y su secretario Nelson Ugolini.
Además del delito de cohecho pasivo, Serjal fue imputado por incumplimiento de sus deberes como funcionario público y transmisión de datos reservados. También lo acusaron de falsificación ideológica de documento público agravada, así como la omisión de la persecución penal y el peculado de servicios.