Redacción Vía Rosario
A partir de una denuncia sobre juego clandestino y corrupción en Rosario, este martes se reactivó la discusión sobre los fueros de Armando Traferri. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, avaló la queja de los investigadores que quieren imputar al senador del departamento San Lorenzo como organizador de una asociación ilícita.
El titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) opinó que corresponde descalificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. A continuación, propuso que el máximo tribunal de la provincia dicte una nueva resolución sobre el alcance de la inmunidad de proceso del legislador peronista.
Casal consideró procedente el recurso extraordinario interpuesto por Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Los fiscales rosarinos llevan más de dos años de batalla judicial con Traferri para imputarlo como cómplice del empresario Leonardo Peiti y Patricio Serjal, extitular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la región.
El “Pipi” fue citado formalmente por primera vez en julio de 2021, pero nunca aceptó la convocatoria a la audiencia sobre la causa de juego clandestino y corrupción. Por entonces, el Senado de Santa Fe ya había rechazado el pedido de desafuero. Sus representantes legales replicaron que la denuncia forma parte de una operación política.
En esta nueva instancia, el dictamen abre la puerta para que la Corte Suprema de la Nación rehabilite la discusión sobre la inconstitucionalidad de los fueros parlamentarios del exintendente de San Lorenzo. En particular, recomienda “dejar sin efecto la sentencia” del máximo tribunal de la provincia.
Ausencia de acuerdo genuino
A la hora de analizar el rechazo al recurso de queja de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Eduardo Casal rechazó la conformación de la mayoría expresada en el fallo. Puntualmente se refirió a la “ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión” de los cinco magistrados que desestimaron el planteo.
Entre los seis jueces que impartieron sentencia, Daniel Erbetta fue el único que admitió el debate sobre la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe en el caso de Traferri. En cuanto a la opinión de los restantes, el procurador general señaló que “los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales”.
Además de la cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Casal repasó algunos argumentos de Edery Schiappa Pietra. Los fiscales apuntaron que la decisión de los ministros provinciales es “formalmente inválida por ausencia de mayoría concordante en sus fundamentos”. También consideraron “nulo” el voto de María Angélica Gastaldi porque invocó “elementos probatorios que no estaban incorporados al expediente”.