Redacción Vía Rosario
Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos pidieron la pena de 12 años de prisión efectiva para el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, y de cinco años para Nelson Ugolini, por la causa vinculada con una asociación ilícita que protegía el juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
La solicitud fue presentada este miércoles por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes consideraron a Serjal responsable de los delitos de organizador de una asociación ilícita, en concurso ideal con los delitos de cohecho pasivo agravado; falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público; y en concurso real con peculado de servicios y omisión de persecución que a su vez entre ellos también concurren realmente, todo en carácter de autor y en grado de consumado. También solicitaron inhabilitación absoluta perpetua con una pena de $90.000.
Mientras que a Ugolini se lo acusa de ser miembro de una asociación ilícita en carácter de autor, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo también en carácter de autor, lo que constituye un usufructo ilegal de su cargo de empleado del Poder Judicial.
¿Cuál es el vínculo entre Patricio Serjal y el ex fiscal Ponce Asahad?
En febrero de este año, Serjal obtuvo la libertad tras una detención de 18 meses. Se lo había detenido e imputado de cohecho pasivo en agosto de 2020, así como de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, transmisión de datos reservados y omisión de persecución.
Con él cayó el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrarle entre 4.000 y 5.000 dólares por mes al “Zar” del juego clandestino Leonardo Peiti, con el fin de advertirle sobre causas en su contra y omitir investigarlo.
Para los fiscales, el objeto de la asociación ilícita era el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar y apuestas ilegales realizadas por medios electrónicos que no contaban con la autorización correspondiente; según Schiappa Pietra y Edery, las acciones de los acusados facilitaron actos ilegales a través de dádivas, omisión de sus funciones y filtración de información reservada necesaria para investigaciones.