El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, fue condenado a seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por asociación ilícita, Cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como colaboró con la causa, le redujeron al pena a tres años de prisión, pero la mantuvieron la inhabilitación perpetua para empleos públicos.

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A esta resolución se llegó tras un procedimiento abreviado en el cual los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, le atribuyeron haber conformado una asociación ilícita integrada además por el ex fiscal regional, Patricio Serjal, el empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti, el ex funcionario judicial, Nelson Ugolini (imputados), el también vinculado al juego clandestino, David Perona (fallecido) y el ex policía Alejandro Torrisi (condenado a tres años de prisión condicional y una reparación económica).

Gustavo Ponce Asahad entrando al Centro de Justicia Penal (Juan José García)

El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.

La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Galvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario. Los organizadores de esta asociación fueron Peiti y Serjal, mientras que el resto de las personas antes nombradas participan en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

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Así ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos. Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde mediados de diciembre de 2018 (fecha en la cual afirma Peiti haberse encontrado por primera vez con el imputado, en su carácter de Fiscal Adjunto, para ofrecerle información sobre sus causas) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado de Peiti y Ponce Asahad).

El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal Adjunto para recibir dinero de Peiti, a cambio de transmitirle directa y/o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tenerlo como sospechoso, y de obstaculizar dichas investigaciones.