La nueva balacera contra el Ministerio Público de Acusación (MPA) sacudió las estructuras del poder judicial y policial, que necesariamente tuvieron que poner en marcha una serie de medidas para intentar retomar el control de la situación. Sin embargo todavía sigue habiendo pocas pistas para aclarar lo sucedido.
Lo que se sabe hasta ahora
Desde que se pusieron de moda este tipo de ataques contra instituciones políticas, judiciales y casas particulares de investigadores, fiscales y magistrados, la Fiscalía Regional a cargo de Patricio Serjal dispuso la creación de una Unidad de Crisis Institucional dedicada específicamente a investigar estos hechos.
Esto permitió que de la primera tanda de ataques, que comenzó en agosto, pudieran esclarecerse tres de los 15 hechos, lográndose la detención de 15 personas entre autores materiales e intelectuales. Salvo en dos episodios, el resto de las causas tiene algún grado de avance.
Respecto a esta segunda tanda de balaceras, comenzó el 10 de diciembre y ya acumula cinco hechos: Tribunales Provinciales, Centro de Justicia Penal, edificio de Montevideo y España donde vive un abogado penalista, Concejo Municipal y Fiscalía. Hasta ahora se avanzó poco.
Las cámaras del Concejo mostraron a dos sujetos en moto que pasan dos veces por 1° de Mayo y Rioja. En la segunda ocasión, se bajan por 1° de Mayo y regresan hacia Rioja de contramano. En cuanto a los videos del ataque al MPA, sólo se alcanza a apreciar a dos hombres en moto, uno con casco y el otro a cara descubierta.
"Hay una superabundancia de este tipo de delincuentes que se dedican a esto: tirotear frentes de edificios a cambio de dinero", se sinceró el fiscal Miguel Moreno en la conferencia de este jueves, y su colega, Matías Edery, agregó que este tipo de incidentes es moneda corriente en muchos barrios de Rosario. "A diario se reciben casos de frentes de viviendas baleados por deudas o diversas razones", aseveró.
En cuanto a los carteles encontrados con la leyenda "Con la mafia no se jode", los fiscales indicaron que si bien es posible realizar pruebas para detectar patrones de similitud, no se puede hacer una pericia en términos caligráficos para determinar si se trata de las mismas personas. "Más que letras son dibujos de letras", dijo Moreno.
Las medidas adoptadas
El Ministerio de Seguridad nacional bajó a Santa Fe un nuevo protocolo para realizar detenciones en flagrancia, con el objetivo de aceitar el operativo cerrojo ni bien ocurre el hecho y dar con los responsables.
Su par provincial dispuso un cambio en la cúpula policial rosarina, a partir de la salida de quien fuera director general de la Unidad Regional II, Juan Pablo Bengoechea, y del director de Policía, Claudio Romano. En sus lugares se nombró a Marcelo Gómez, que viene de dirigir la Unidad Regional VIII, y a Carina Degra, que pasó toda su carrera en Policía Adicional.
También hubo un cambio en la conducción provincial de la Policía de Investigaciones (PDI), donde Daniel Corbellini le dejó su lugar a Marcelo Albornoz, que se venía desempeñando al frente de la UR IV de Caseros.
Por su parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia estableció una recompensa de $2 millones para quienes puedan aportar datos para el esclarecimiento de los atentados perpetrados contra edificios públicos de la ciudad entre el 10 y el 20 de diciembre. Desde allí señalan que cada vez que tomaron esta medida, apareció buena información que permitió avanzar en las causas.
Todas las partes involucradas se reunieron por la tarde para intercambiar información y acordar una serie de disposiciones de actuación que quedaron en reserva.
