Un caso que en los últimos días requirió la intervención de la Justicia Federal sobre la supuesto robo o venta de un bebé que había nacido en el Hospital Provincial dejó al desnudo la falta de contacto entre las instituciones que deben velar por la garantías de los derechos de los niños.
El caso quedó expuesto cuando la mamá del pequeño primero le dijo a su pareja que su hijo había nacido muerto. Las sospechas del joven y un monto de dinero que la mujer no pudo justificar llevaron a que la muchacha reconociera que había entregado la criatura a una mujer que había conocido en los controles prenatales.
Con el dinero secuestrado y la mujer demorada algunas horas, primero intervino un fiscal de la Unidad de Flagrancia del fuero provincial, aunque luego derivó el caso a la Justicia Federal. Sin demasiadas precisiones sobre la causa, solo trascendió que los progenitores lograron reencontrarse con el niño que fue devuelto.
Lo llamativo del asunto es que nunca se dio parte a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia que a ésta altura desconoce si realmente el pequeño está junto a sus padres y en qué condiciones.
"La mayor preocupación que hoy tenemos es que no tenemos información oficial de lo sucedido", se quejó Andrea Travaíni, al frente de la subsecretaría, en contacto con Radio 2.
El plan no es entorpecer el accionar de la justicia, si no asistirla para contener al recién nacido. "No tenemos ningún dato de dónde está el niño, de cómo se encuentra él y su progenitora, y si la pareja está en condiciones de cuidar a su hijo, o se corre riesgo de una nueva entrega del menor", mencionó Travaíni.
Para intentar obtener datos al respecto, autoridades de la repartición provincial presentaron un escrito en la Justicia Federal en el que solicitan la urgente remisión de las actuaciones realizadas hasta el momento.
