El ex fiscal Fernando Rodrigo, que fue separado de su cargo tras ser investigado y denunciado por escuchas ilegales a su ex pareja y a dos amigas de esa joven, ya había sido denunciado en diciembre pasado ante la Legislatura provincial por mal desempeño de sus funciones porque "se extralimitó en su rol y ejerció presión sobre las víctimas de un caso que investigaba frustrando así un acuerdo abreviado entre las partes".
Tras un mes y medio del escándalo que desembocó en la renuncia del fiscal, según La Capital hay un documento que revela una grave acusación en su contra presentada en la Cámara de Diputados de Santa Fe en diciembre pasado.
La denuncia la presentaron los abogados Sergio Perrune y Estela Marelli, que habían sido conrapartes en 2014 en un juicio que culminó con seros cuestionamientos sobre Rodrigo, quien investigaba el caso.
Perrune defendía a los acusados y Marelli asesoraba a las víctimas, que habían formalizado la denuncia y se habían constituído como querellantes. El 23 diciembre de 2014 Rodrigo imputó a los clientes de Perrune por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra, lesiones leves y abuso de armas.
Perrune defendía a los acusados y Marelli asesoraba a las víctimas, que habían formalizado la denuncia y se habían constituído como querellantes. El 23 diciembre de 2014 Rodrigo imputó a los clientes de Perrune por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra, lesiones leves y abuso de armas.
El conflicto llegó a manos del camarista Daniel Acosta, que tras evaluar las posturas revocó la resolución de Beltramone e hizo lugar a la propuesta de la defensa. Sin embargo Rodrigo insistió con la acusación y en octubre de 2016 interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante Acosta, que se lo denegó. Por eso fue en queja a la Corte Suprema provincial que le rechazó el planteo.
Ante la demora en la resolución del caso y frente a las negativas de la Cámara y la Corte, las víctimas se vieron afectadas y solicitaron un proceso de acuerdo con la defensa. Así, la abogada querellante desistió con acuerdo de sus clientes, que aceptaron un resarcimiento de los imputados además de convenir una reparación a través de una probation.
En una cuestionada decisión, Rodrigo llamó a las víctimas del caso y les advirtió que los abogados habían acordado sin su consentimiento y que él iba a continuar con la acusación. Es más, los denunciantes advirtieron que fuera de toda norma, Rodrigo interrogó a los querellantes por sobre su abogada.
El 24 de noviembre de 2016 se realizó la audiencia preliminar (previa al juicio), instancia en la que el fiscal dijo tener "nueva prueba", criticó el acuerdo de partes y advirtió que denunciaría a los abogados. Pero el juez Hernán Postma, en este caso, hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba y aceptó la probation aclarando que no advirtió anormalidades.
Además, cuando los querellantes esbozaron echarse atrás con el resarcimiento cobrado, el juez les sugirió que devolvieran el dinero, ante lo cual "salieron despedidos de la audiencia" dijo una de las partes.
Luego de más de dos años, en vez de propender a la economía procesal y la resolución del conflicto, el fiscal apeló la resolución de Postma y pidió la revocatoria de todo lo actuado.
Así, a pesar de que había sido materia de revisión en dos instancias (Acosta y la Corte Suprema) el legajo volvió a la Cámara Penal y recayó en el juez Gustavo Salvador. Perrune indicó que este magistrado "revocó todas las actuaciones e insólitamente el caso volvía a foja cero". Agraviado por esa decisión, Perrune planteó la inconstitucionalidad y Salvador se la rechazó. En ese contexto y ante la falta de respuestas de Jorge Baclini, quien era fiscal regional, Perrune y Marelli denunciaron a Rodrigo ante la Legislatura con un escrito que cuestiona en duros términos el accionar del funcionario.
