Una docente irá a juicio por presunta adulteración de documento público después de que el Ministerio de Educación de la provincia denunciara que modificó los días de licencia por enfermedad otorgados por un profesional y se fue del país en ese período, informaron este miércoles fuentes oficiales.
La denuncia contra la docente, que da clases en el nivel primario de una escuela del Gran Rosario, se inscribe en "una batería de medidas" adoptadas por la cartera educativa para reducir el índice de ausentismo, dijo el subsecretario de Recursos Humanos del ministerio, Pablo Fernández a Télam.
Destacó que hay más de un docena de causas judiciales contra docentes de la provincia por situaciones similares, dentro de un universo de unos 80.000 educadores de Santa Fe.
Señaló que en dos años, esa cartera logró disminuir a través de diferentes controles en un 50% el ausentismo docente, hasta llevarlo en el primer semestre de este año a 9,36%.
"Hubo varias presentaciones judiciales, una es la de esta docente que adulteró el certificado médico y salió del país durante su licencia", explicó el funcionario.
Un fiscal acusó a la docente por adulteración de documento público en tanto que la cartera de Educación inició un sumario administrativo que indica que la acusada pudo haber modificado los cuatro días de licencia otorgados mediante un certificado médico convirtiéndolos en ocho jornadas.
Al ser llamado a declarar, el médico reconoció su firma en el certificado pero no la enmienda realizada a la cantidad de días de licencia, por lo que se cruzaron esos datos con los de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que demostró que "en ese lapso (la docente) había abandonado el país", precisó Fernández como agravante del cuadro.
"En octubre hicimos la primera presentación al Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía) cuando detectamos algo que parecía más que un hecho aislado, y que la Justicia confirmó que era una red de personas", aseguró.
El grupo estaba formado por docentes y asistentes escolares acusados de robo de claves informáticas y carga de licencias falsas.
"Por ese tema hay una docente privada de la libertad y once procesadas", detalló el funcionario.
Fernández aclaró que el objetivo de las medidas adoptadas a partir de 2015 por la gestión de la ministra Claudia Balagué no tiene por fin la persecución de los docentes sino la reducción del ausentismo en el sector.
"El ausentismo se encuentra por debajo de los dos dígitos, en 9,36 por ciento", precisó, mientras que "en 2013 era el 18 por ciento" y ese guarismo se mantuvo con insignificante fluctuación hasta 2015.
"A partir de 2015, con toda esta baterías de medidas, se bajó el 50 por ciento", informó Fernández, quien consideró "efectivos" los controles dispuestos, entre otros, las auditorías médicas "en domicilio y consultorios" que son aleatorias y buscan determinar su veracidad.
