La Legislatura provincial puso en marcha este miércoles dos investigaciones sobre dos fiscales del sur santafesino a partir de informes de la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La entidad que representa a los funcionarios del organismo afirma que el sistema para sancionarlos es "inconstitucional" y rechazan que su tarea sea evaluada con un criterio "político".
El primer caso y el que que mayor repercusión tuvo es el de Adrián Spelta en Rosario. El jefe de la unidad de Homicidios Dolosos quedó bajo la lupa a fines del año pasado a partir del triple asesinato en el que mataron a Emanuel Sandoval. Sobre su actuación en la causa contra el presunto narcotraficante buscan establecer si cometió una falta en el trámite por el que se le concedió arresto domiciliario a "Ema Pimpi".
Al margen de la situación a la que se refiere explícitamente el comunicado de la asociación de funcionarios del MPA, la auditoria María Cecilia Vranicich presentó otro informe ligado a una denuncia federal en Venado Tuerto. En ésta se puso la lupa sobre posibles conexiones entre un vendedor de drogas y el fiscal Mauro Blanco.
Según informó La Capital, el último expediente quedó en manos del senador Joaquín Gramajo, presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos. La investigación sobre la labor de Spelta, en tanto, se llevará adelante bajo las directivas del radical Lisandro Enrico, representante del departamento General López.
