Como Newell's y Central, como el Monumento a la Bandera, como el Carlito, las balaceras ya parecen haberse convertido en un clásico de Rosario. Al punto tal de que se producen unas 500 al año, con días de dos y hasta tres ataques. Detrás de ellas están bandas delictivas que con una simple organización y el pago de una remuneración, contratan a "tiratiros" que se encargan de ejecutarlas.
Casas particulares, domicilios de organizaciones civiles o sindicales, negocios de todo tipo de tamaño y rubro, e instituciones judiciales como el Centro de Justicia Penal son algunos de los tantos lugares elegidos para tirotear.
La motivación puede ser de lo más diversa. En el palacio judicial, lo que buscaban los sicarios era presionar para lograr condiciones favorables de detención de determinados internos. En el City Center y en el Sindicato de Peones de Taxis el objetivo era amedrentar y lograr la venta de una "protección" para evitar que el hecho se repita, lo que constituye lisa y llanamente una extorsión.
Con una logística simple, que consiste en ubicar la mano de obra, conseguir las armas y un celular para mantenerse en contacto, y pasar la dirección y el día y horario, la banda concreta la operación. A cambio los tiradores suelen recibir entre $2.000 y $3.000, según precisó a Radio 2 el fiscal Matías Edery, que investiga muchos de estos ataques.
El pedido de los delincuentes por "protección" va de los $30 mil hasta los u$s5 mil o u$s10 mil mensuales, dependiente del rubro y del poder adquisitivo del blanco. Se trata de una forma sencilla que utilizan las gavillas rosarinas para mantenerse y ampliar su estructura para seguir cometiendo delitos.
