La Cámara Nacional Electoral revocó este martes una sentencia de un juez federal de Córdoba en la que se había desestimado una denuncia por el financiamiento ilegal de la campaña del Partido Justicialista (PJ) en 2009.
La investigación apunta a once empresas vinculadas al negocio de la obra pública y también a concesionarias de servicios. A pesar de que se trata de una causa correspondiente a esa provincia, en la lista figura la Empresa Mixta de Transporte de Rosario SA, firma que actualmente administra la Municipalidad.
Antes de esta medida, la Cámara ya le había llamado la atención en 2014 al magistrado Ricardo Bustos Fierro por la falta de avances en el expediente que incluye a compañías de la talla de Electroingeniería, Benito Roggio e Hijos, Metrovías y también la Cámara de la Construcción de Córdoba.
"La prohibición contemplada abarca aportes efectuados tanto directa como indirectamente. Resulta evidente aclarar que dichos conceptos no son equivalentes", aclara en la resolución que lleva la firma de los doctores Santiago Corcuera y Alberto R. Dalla Vía.
