Confirmaron procesamiento de cuatro intendentes santafesinos por fraude con un programa de residuos

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu). En Santa Fe quedaron bajo la lupa cuatro funcionarios.

Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

La maniobra "apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales", indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.

Los magistrados Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que "funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".

En el mismo fallo, el tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito de 42 intendentes imputados y sobreseyó a otros dos, según indicaron las fuentes consultadas en los tribunales federales de Comodoro Py.

Entre los procesamientos confirmados se encuentran los santarfesinos Roberto Dehesa (Rufino), Juan Carlos Bacalini (Casilda), Héctor Godoy y José López (Pavón). En tanto se dictó la falta de mérito para Fernando Almada (El Trébol), José Freyre intendente (Venado Tuerto), Gullermo Cornaglia (Bouquet) y Monica Stumpo (Serodino).

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo en el fallo.

En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y planteó que "quienes ostentaban el control de los Pmgirsu incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines".

En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.