El caso que involucra la matanza de pingüinos en la Reserva Natural de Punta Tombo generó gran repercusión por la gran cantidad de entidades que se suman como denunciantes y presuntos querellantes, que podrían sacar el caso del ámbito de la justicia ordinaria provincial y llevarla al ámbito federal.
El hecho puso el acento sobre la poca rigurosidad de las leyes en esta materia. En principio, se habla de una propuesta de expropiación del campo en cuestión; pero además, se van a impulsar reformas con castigos mucho más rígidos para quienes cometan este tipo de delitos ambientales.
Para ello, será fundamental el informe que surja de la inspección que se hizo el último jueves en el lugar de los hechos, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación, representantes de organismos como Cenpat-Conicet, con la participación de biólogos, geólogos, paleontólogos, y especialistas en movimientos de suelo.
El hecho se dio a conocer la semana pasada, cuando el propietario de un campo descubrió que su vecino había realizado un sendero de 700 metros hacia el mar junto a un alambrado electrificado, por lo que dio el alerta a funcionarios de Áreas Protegidas.
Luego, un informe elaborado por especialistas mostró el terrible impacto que le había provocado a una colonia de pingüinos de Magallanes ubicada en la zona de Punta Clara.
