El Gobierno nacional tomará un “examen de idoneidad” a más de 40.000 empleados públicos de planta transitoria o contratados del Estado Nacional cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.
La evaluación se realizará de manera electrónica en coordinación con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y su aprobación será un requisito necesario pero no suficiente para la renovación del vínculo, ya que luego se analizarán otros parámetros para la decisión final.
Dado los plazos se estima que se realizarán unos 2.000 por días desde el inicio de diciembre, quedando excluidos los empleados de planta permanente.
Por otra parte, cabe aclarar que sólo alcanza a los empleados de la administración nacional, no así a los provinciales y municipales.
El objetivo es determinar las capacidades de los actuales empleados públicos, pero al mismo tiempo resulta una forma de intentar detectar “ñoquis” que figuen en las plantillas pero sin función asignada o trabajo concreto a su cargo.
El anuncio lo realizó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.
Qué se sabe del examen
“La modalidad va a ser online para que no haya subjetividad en el proceso”, señaló el portavoz, quien además recordó que esta opción “está establecida en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público”.
A su vez, aclaró que “los discapacitados no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”.
Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días se darán más detalles del plan cuya implementación estará a cargo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger.
La medida se encuadra dentro del plan de racionalización del Estado cuyos lineamientos generales ya habían sido definidos por decreto 695/2024 dictado el 5 agosto de este año.
Esa norma creó la “Evaluación General de conocimientos y competencias” que tiene como objetivo avanzar con procesos de desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.
En ese momento Sturzenegger explicó que “el examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora” y “solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte”.
La autoridad de aplicación determinará el puntaje mínimo requerido para la aprobación del examen y la cantidad de intentos que se podrá rendir. Esta evaluación se aplicará tanto para el ingreso como para la promoción en la carrera administrativa y la asignación de funciones de jefatura.
La norma también aclara que la evaluación será diseñada por la autoridad de aplicación, “de modo tal que sea anónima en un inicio y permita individualizar a cada postulante luego de su calificación”.
La ley vigente previamente preveía que se debían “establecer los perfiles necesarios y los requisitos que deberán acreditar los contratados para la prestación del servicio de que se trate”, el nuevo orden impone como condición previa la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos.
