Carolina Ramos
Los puentes tendidos en las sesiones extraordinarias entre La Libertad Avanza y el peronismo sembraron todo tipo de suspicacias de cara a debates cruciales que enfrentará el Congreso en 2026, como la reforma laboral y la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los contactos entre ambas fuerzas, que se definen como antagónicas, quedaron plasmados en dos votaciones: la de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación y el Presupuesto.
En la Cámara de Diputados, los libertarios demostraron no tener inconvenientes en acordar con Unión por la Patria para designar a tres miembros de la AGN en plena madrugada y para indignación de los aliados violetas, ignorados en esas negociaciones. El acuerdo les sirvió para colocar un miembro de cada lado (Juan Ignacio Forlón de La Cámpora y Mónica Almada por La Libertad Avanza) y dejar el tercero para una dirigente del gobernador salteño Gustavo Sáenz.
“Juegan los números, juegan las mayorías, y ocurrió de esta manera. Es parte de la vida política”, argumentó en aquel momento el titular de la Cámara baja, Martín Menem, al responder a la furia del PRO, que presentó un amparo en la Justicia para frenar los nombramientos, sosteniendo que son inconstitucionales porque el tema no figuraba en la hoja de ruta de las extraordinarias.
Tan solo días después de aquel episodio, tres senadores del interbloque Popular que mantienen vínculos con gobernadores votaron a favor del Presupuesto de Javier Milei. Fueron la tucumana Sandra Mendoza (alineada a Osvaldo Jaldo), el catamarqueño Guillermo Andrada (reporta a Raúl Jalil) y la jujeña Carolina Moisés, de buen vínculo con el mandatario Sáenz. Son legisladores que no reportan a la expresidenta Cristina Kirchner ni tampoco al jefe de la bancada, José Mayans.
El oficialismo no necesitaba de esos votos para sancionar la “ley de leyes”, que salió con mayoría holgada (46 votos afirmativos). Sin embargo, los legisladores del bloque Convicción Federal no solo acompañaron el Presupuesto, sino también el capítulo más polémico, el II, que habilita recortes en las áreas de educación y Ciencia Técnica, a la vez que desfinancia la educación técnica y el sistema de defensa. Es decir, el apoyo de estos tres senadores fue incondicional.
Con estos antecedentes, el Gobierno encara desde otro lugar los debates que se avecinan, como el de la reforma laboral. El peronismo buscó mostrarse abroquelado en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, pero la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, puede aspirar a romper una vez más al interbloque de Mayans y llevarse votos a favor, como ya lo hizo con el Presupuesto. Dependerá de las negociaciones que se llevan adelante con los gobernadores involucrados.
Más allá de la reforma laboral, los puntos de encuentro entre libertarios y peronistas abren otro escenario de cara a la cobertura de las dos vacantes que existen en la Corte Suprema. A diferencia de la reforma laboral, que se aprueba con mayoría simple, los pliegos requieren dos tercios de los votos. Si todos están presentes, son 48, y el espectro del oficialismo y aliados tiene 44. Es decir, captar votos del interbloque Popular ya no solo será cuestión de quebrar al enemigo, sino también de necesidad.
El Gobierno ya fracasó de manera estrepitosa en nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para completar la Corte. Con votos de la oposición, el Senado volteó ambos pliegos en rechazo a los nombramientos por decreto que había firmado Milei. Ese resultado llevó a García Mansilla a renunciar al cargo, en el que duró menos de dos meses. Lijo, por el contrario, no llegó a jurar porque la Corte no le aceptó su licencia como juez.
Tras esa dura derrota para el Gobierno, la senadora cordobesa Alejandra Vigo impulsó, junto con su par salteño Juan Carlos Romero y con apoyo de Unión por la Patria, el debate sobre la ampliación del máximo tribunal. No obstante, la discusión no tuvo avances concretos: el Gobierno se mantuvo al margen y tampoco volvió a proponer otros nombres para integrar la Corte, que sigue con tres jueces. El nuevo período aparece como una nueva oportunidad.
En el Senado también están pendientes sus tres nombramientos en la AGN, en espejo a los que ya aprobó Diputados. Si bien Mayans sostiene que les corresponden dos lugares, sabe que no se los aceptarán y se resigna a ocupar uno: nominan a Javier Fernández, quien ya fue auditor. El otro puesto quedaría para La Libertad Avanza, y el tercero está en disputa entre la UCR (le correspondería por número) y el PRO, que busca una compensación tras quedar relegado en Diputados.