Fue una semana intensa en cuanto a debates, discusiones e intentos acercar posiciones para que la llamada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” del Gobierno de Javier Milei avanzara en el Congreso. No fue hasta la reunión de anoche del ministro del Interior, Guillermo Francos, con la oposición que se logró destrabar el conflicto. ¿Las condiciones? Que el Ejecutivo conceda cambios en algunos puntos clave.
El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo fue el encargado de puntualizar a la prensa acreditada que, por ejemplo, el Gobierno aceptó limitar los “superpoderes” a Milei. Así, se acotará la cantidad de emergencias que se declaran en el proyecto y se reducirá el plazo a un año. Era uno de los puntos que figuraban en rojo en los “semáforos” que elaboraron todos los bloques no kirchneristas.
Esa fue una de las respuestas con las que llegó el ministro del Interior para reunirse con los legisladores que, aunque mostraron su intención de apoyar al Gobierno, no cederían a que esto fuera a cualquier precio ni dejando pasar puntos conflictivos.
En cuanto a la movilidad de las jubilaciones, Francos transmitió que evalúan dos opciones: ajustarlas por IPC de manera mensual desde el mes anterior a la sanción de la ley o directamente retirar el tema y continuar con la fórmula actual, que actualiza los haberes trimestralmente por una combinación de evolución salarial y recaudación de Anses.
También se abordó el capítulo retenciones, con más buenas noticias para la oposición: aceptan dar marcha atrás con la alícuota del 15% para las economías regionales y llevarla nuevamente a cero. No se habló de que pasará con el sector industrial.
La reforma electoral, por la cual se implementaba el sistema de circunscripción uninominal para elegir a los diputados nacionales, quedará para una discusión posterior, pero podría mantenerse la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). El Gobierno también insiste en mantener el artículo que elimina los topes para el financiamiento privado.
En cuanto a las privatizaciones, Francos comunicó que retirarán YPF del listado de 41 empresas y el resto se someterá a evaluación del Congreso caso por caso. Se enviarían los pliegos a una comisión bicameral de seguimiento que fue creada en los ‘90.
Otro cambio importante es que eliminarán del proyecto el artículo que ratificaba el DNU de desregulación económica. El tratamiento del decreto quedará en manos de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero Menem sigue dilatando la conformación parte de Diputados.
