La visita de seis diputados de La Libertad Avanza a genocidas de la última dictadura militar en el penal de Ezeiza levantó temperatura al interior del oficialismo y tensa el clima en la Cámara Baja. Mientras Martín Menem se desentiende del caso, en la tropa libertaria reclaman una “tirada de oreja” y hasta el PRO advirtió que el escándalo detonará en la primera sesión tras el receso invernal, prevista para el 7 de agosto.
El pasado 11 de julio, los diputados Beltrán Benedit (Entre Ríos), María Fernanda Araujo (CABA), Rocío Bonacci (Santa Fe), Guillermo Montenegro (Buenos Aires), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Alida Ferreyra (CABA) se trasladaron al penal de Ezeiza para reunirse con represores reconocidos como Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda, entre otros.
La convocatoria, según reconstruyó este medio, fue formulada en un chat interno y presentada por Benedit como una “visita humanitaria”, término que después ratificó. A los diputados que adherían y enviaban la documentación para ingresar al penal, el entrerriano les brindaba detalles por privado. Para el traslado utilizaron un vehículo oficial. Menem dijo no estar al tanto de la iniciativa, pero integra el grupo de WhatsApp.
Luego de que estallara la polémica, Benedit aclaró a sus pares que fueron a visitar a “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. Bonacci también admitió haber ido, pero sugirió que fue engañada por su par entrerriano, quien le habría dicho (según su descargo) que la invitación era para “tomar contacto directo con el sistema penitenciario federal”.
A medida que circulan los mensajes cruzados, crece el malestar dentro del bloque liderado por el cordobés Gabriel Bornoroni. “El tema está muy caliente. Están todos bastante enojados, esperando sanciones para los diputados que fueron. Una tirada de oreja, un llamado de atención. Lo que hicieron es grave, porque deja pegado al Gobierno. Y ninguno sale a hablar, ninguno sale a desmentir, incluso redoblan la apuesta”, confió un diputado libertario que no fue a Ezeiza.
La misma fuente consideró además que el bloque debería pronunciarse a través de un comunicado institucional para que las explicaciones no queden solo en manos de Menem. “No puede ser que no hayamos dicho nada. El silencio es cómplice. Si nosotros hubiésemos estado del otro lado, les pediríamos la cabeza”, confesó.
El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, le avisó la semana pasada a Menem, en una reunión con funcionarios por la reforma electoral, que si no hay una salida “institucional” la polémica puede explotar en la próxima sesión, que el oficialismo imaginaba atravesar sin mayores sobresaltos. En el temario hay dos proyectos impulsados por el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich. “El tema puede llegar a complicar el clima”, admitió otro diputado del PRO.
No solo Ritondo tomó distancia del escándalo: también lo hizo Oscar Zago, antecesor de Bornoroni en la jefatura del bloque oficialista. Hasta ahora, el porteño se mantiene aliado al oficialismo desde su bloque, el MID, pero explora la posibilidad de un interbloque con el PRO.
“Yo también voy a pedir explicaciones a aquellos diputados, porque estoy absolutamente en contra de esa clase de actitudes”, lanzó Zago en diálogo con Radio Con Vos y agregó que en su caso hubiera “pasado muy lejos” del sitio donde están presos los represores, “que están muy bien procesados por la Justicia”.
No obstante, en el entorno de Menem consideran que “no tiene que tomar ninguna medida” y sostienen que es “un tema individual” de los diputados que fueron. También aseguraron que el presidente de la Cámara “no interfiere” en el otorgamiento de vehículos oficiales y que se asignan libremente. “Están a disposición por sistema, sin explicaciones”, explicaron.
Proyecto para evaluar “medidas ejemplificadoras”
En la oposición hubo repudios de Unión por la Patria, la UCR, el Partido Socialista y la Coalición Cívica. El conglomerado peronista/kirchnerista dio un paso más y presentó un proyecto de resolución para crear una comisión que evalúe “medidas ejemplificadoras” contra los diputados. La pena máxima es la expulsión por “inhabilidad moral”, para lo cual se necesita mayoría de dos tercios.
“Vamos a seguir presionando en varios frentes. El tema está en agenda, los divide e incomoda”, subrayaron en la bancada que encabeza Germán Martínez, donde podrían pedir un apartamiento del reglamento para que su proyecto se vote sobre tablas en la próxima sesión. Se necesitan, en ese caso, tres cuartos de los votos: un número muy difícil de alcanzar.
En su cruzada, Unión por la Patria encontró un aliado impensado: el libertario Carlos D’Alessandro, de San Luis. El diputado, que supo marcar posiciones diferentes al resto, adelantó que en caso de tener que votar para analizar el accionar de sus colegas, lo hará a favor. “Si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar, porque creo que cabe para nosotros y cabe para ellos también”, dijo al canal A24.
Por lo pronto, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Obligado, le envió un oficio a Bullrich para que, como responsable del Servicio Penitenciario Federal, informe cómo fue el trámite administrativo para la excursión de los diputados.
El descargo de Menem
Menem rompió el silencio en una entrevista con el medio español EDA TV. “El hecho de que no haya pauta implica que en cualquier cosa que haya dando vueltas, el culpable es el presidente de la Cámara. No tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior”, se defendió.
El titular de la Cámara siguió: “Dicen que utilizaron medios que yo autoricé: hay más de 85 vehículos que los legisladores utilizan libremente. Yo no puedo preguntarle a un legislador adónde va, no soy un espía que tengo que controlar todo. Hay un servicio de automotores donde los legisladores piden un vehículo y van”.
Finalmente, sostuvo que lo sucedido “no es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”.
También Bullrich respondió sobre el tema. “Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad”, dijo, y amplió: “Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué”, aunque en esos casos no eran condenados por delitos de lesa humanidad.
