Cristina Kirchner atraviesa las últimas etapas de la causa conocida como “Vialidad”, la primera que llegó a juicio. Las otras que fueron elevadas a tal instancia son “Dólar futuro”, “Memorándum con Irán”, “Hotesur” y la conocida como “Cuadernos de la Corrupción”. De estas, consiguió el sobreseimiento en tres y la última todavía no presentó resolución.
“Vialidad” investiga un redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Se trata del primer expediente que involucra a la expresidenta (2007-2011 y 2011-2015) en el que se llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.
Esta causa fue tramitada en el juzgado a cargo de Ercolini, y procesó a la vicepresidenta por “asociación ilícita y administración fraudulenta” en diciembre de 2016 y elevó el expediente a juicio en marzo de 2018. El juicio oral se inició en mayo de 2019.
Que las causas hayan sido elevadas a juicio significa que se llevó a cabo una investigación en primera instancia, en la que la vicepresidenta fue procesada porque un juez consideró que había semiplena prueba de su culpabilidad, y luego un fiscal pidió elevar la causa a juicio. Tras eso, un juez determinó el cierre de la investigación y que había motivos para enviar la causa a un tribunal oral, para que juzgue si las pruebas recogidas confirman la comisión de los delitos investigados.
Si bien en principio eran seis, se transformaron en cinco, ya que los expedientes “Hotesur” y “Los Sauces” fueron unificados. De esos, hay tres en los que la vicepresidenta fue sobreseída antes del comienzo de las audiencias de juicio; sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal (en dos de los tres) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en el restante) deben revisar estas decisiones.
Las tres causas que consiguieron sobreseimiento
La causa “Dólar futuro” fue instruida por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, que elevó la causa a juicio en marzo de 2017. En ese caso, Cristina Kirchner fue procesada por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”. La investigación era en torno a las supuestas irregularidades en las operaciones con el llamado “dólar futuro”.
Antes del inicio del juicio, los imputados solicitaron el sobreseimiento ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, que lo rechazó en noviembre de 2020. El fallo fue apelado y en abril de 2021 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito. El fiscal Raúl Plée interpuso un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue rechazado por Casación, lo que generó un “recurso de queja”. De esa manera, el caso llegó a la Corte y aún debe expedirse el procurador general y luego lo harán los jueces del máximo tribunal.
“Memorándum con Irán” también fue instruido por Bonadio. En este particular, la vicepresidenta fue procesada con prisión preventiva en diciembre de 2017 por los delitos de “encubrimiento y traición a la patria”. Fue el primer expediente en el que se solicitó el desafuero para poder hacer efectiva su prisión, pero no fue tratado por el Senado. El caso investigaba el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en la causa AMIA a través de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre ambos países, declarado inconstitucional luego por la Justicia federal.
Si bien en marzo de 2018 la causa fue elevada a juicio oral, en octubre de 2021, cuando todavía no había comenzado el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8, a cargo del expediente, dictó el sobreseimiento de los imputados, también con el argumento de la inexistencia de delito. El fallo fue apelado y ahora es la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal la que debe resolver sobre este particular. La audiencia se realizará el próximo 29 de septiembre.
El tercer sobreseimiento recayó sobre la causa Hotesur-Los Sauces, que si bien se instuyeron por separado, terminaron unificándose. En abril de 2017, Bonadio procesó a la expresidenta en la causa “Los Sauces” por asociación ilícita y lavado de dinero y mandó luego el expediente al juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Un año más tarde y por los mismos tipos penales, Ercolini la procesó en la causa “Hotesur”.
Entre octubre de 2018 y febrero de 2019 las causas fueron elevadas a juicio oral y unificadas. En noviembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 sobreseyó a los acusados antes de iniciar el juicio. En ese caso, los magistrados señalaron que debía aplicarse la ley penal más benigna, que no penaba el “autolavado” al momento que comenzó la maniobra, y que “el dinero proveniente de la obra pública era lícito”. El fallo fue apelado y está pendiente una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Qué pasó con la causa de los cuadernos
Ya pasaron cuatro años desde que el caso salió a la luz, y por el que Bonadio ordenó una serie de detenciones. Los “Cuadernos de la corrupción” hacen referencia a las anotaciones de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, cuyo contenido reveló el diario La Nación. En esa oportunidad, Bonadio procesó a la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita y a otros 41 imputados.
En 2019 se elevó la causa a juicio, pero desde entonces el expediente tuvo poco movimiento y el juicio oral aún no comenzó ni tiene fecha de inicio.
Además, de este expediente se desprenden más procesamientos contra la expresidenta. Por ejemplo, se abrieron nuevas investigaciones sobre irregularidades en los subsidios a colectivos, cartelización de la obra pública y renegociación de contratos en los corredores viales. También se abrieron expedientes por el uso del avión presidencial y porque en un allanamiento a su domicilio se encontró la carta de San Martín a O’Higgins.
Sin embargo, en esos casos Cristina Kirchner fue sobreseída por los jueces que reemplazaron a Bonadio tras su fallecimiento o por la Cámara Federal. Sucedió lo mismo con su procesamiento en la causa en la que se investigaban sobreprecios en la compra de gas natural licuado.
