La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por el Memorándum con Irán

En fallo unánime se rechazaron distintos planteos de las defensas. La expresidenta está acusada de “encubrimiento”.

La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por el Memorándum con Irán
La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa del Memorándum con Irán (La Voz / Archivo)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad las apelaciones presentadas por las defensas y en consecuencia la expresidenta Cristina Kirchner enfrentará un juicio oral por el “Memorándum con Irán”, planteado en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.

El máximo tribunal desestimó los pedidos que junto a CFK, presentaron Angelina Abbona, Carlos Zannini y Juan M. Mena contra la revocatoria al su sobreseimiento en la investigación del caso conocido como “Memorándum con Irán”.

De esta forma la CSJ avaló la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que había revocado los sobresimientos de todos los acusados en la causa conocida como “Pacto con Irán” y en la que a CFK se le acusa de encubrimiento.

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz señalaron una serie de objeciones por las cuáles no eran admisibles los planteos.

La decisión de la Corte Suprema se conoce en medio de insistentes comentarios acerca de una serie de negociaciones entre el Gobierno y el kirchnerismo por temas clave, entre ellos la designación de nuevos magistrados para el máximo tribunal.

“Ante el fallo dictado por parte de la Corte Suprema que habilita en forma definitiva la realización del juicio oral y público en la causa denominada ‘Memorándum con Irán’, la DAIA reafirma su compromiso con la verdad y la justicia”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

A su vez, “consideró que ese debate oral y público será sumamente imprescindible a los fines de que la sociedad argentina finalmente conozca si se pretendió encubrir o no a los indicados como responsables del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA el 18 de julio de 1994, que produjo el asesinato de 85 personas y más de 300 heridos”.

Por otro lado, la DAIA afirmó que “jamás la Argentina debió haber pactado con un Estado terrorista como Irán. Tal como manifestó el presidente de la entidad, Mauro Berenstein”.

Cabe recordar que en octubre de 2021 –durante el Gobierno de Alberto Fernández- el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito. Estos eran Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía, Fernando Esteche y el fallecido Héctor Timerman.

La denuncia

La causa se había sido iniciada en 2015 a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que apuntaba a que el memorándum con Irán formaba parte de un plan para encubrir a los responsables del atentado.

Para el fiscal Nisman, tenía como objetivo levantar las alertas rojas emitidas por Interpol contra los ciudadanos iraníes acusados del atentado, lo que implicaba un intento de desviar la investigación y proteger a los presuntos responsables.

Ese memorándum fue impulsado por Cristina Kirchner con la intención de resolver el caso del atentado a la AMIA mediante la cooperación de Irán en la causa judicial.

En ese contexto, el acuerdo permitía interrogar a los acusados iraníes, que se encontraban en calidad de prófugos de la justicia argentina, sin embargo, el mismo fue interpretado por muchos como una estrategia para impedir que los sospechosos fueran juzgados.

Este documento generó una fuerte controversia tanto a nivel nacional como internacional, pues varios sectores políticos y sociales, entre ellos las organizaciones de familiares de las víctimas y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), consideraron que el memorándum era un intento de encubrir el atentado y de dar impunidad a los responsables del ataque terrorista.

Uno a favor

En otro fallo, la Corte Suprema resolvió a favor de Cristina Kirchner en la causa por las operaciones con el Dólar Futuro, considerando que se trata de políticas de Estado no judiciables. En este caso, el máximo tribunal avaló el sobreseimiento de la exvicepresidenta y los demás acusados, desestimando el pedido del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de revocar la decisión y enviarlos a juicio oral.