La relación entre el Gobierno y Mauricio Macri se tensa cada vez más. Uno de los principales funcionarios de Javier Milei, Federico Sturzenegger, salió al cruce del expresidente por haber cuestionado días atrás la falta de gestión, mientras el titular del PRO juega sus fichas e impulsa dos leyes electorales en el Congreso para marcar la diferencia y despegarse de La Libertad Avanza.
“(Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que habría que cerrar el libro ahí y pasar a otro tema, porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible. Lo digo con todo respeto: Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes”, remató Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
En diálogo con radio Mitre, Sturzenegger -quien también fue funcionario de Macri- puso otros ejemplos: sostuvo que “el posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años”, y elogió la decisión de “devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas” de seguridad y de “desfinanciar a los intermediarios que financiaban los piquetes”.
De esa manera Sturzenegger contrastó con Macri, que en el marco de su reaparición pública respaldó a Milei pero consideró que necesita reforzar los equipos de Gobierno. El expresidente busca fortalecer la identidad del PRO para no quedar diluido en La Libertad Avanza y en esa línea subió en los últimos días su perfil mediático y moviliza una agenda legislativa propia.
Con ese último eje, Macri se reunió este lunes con el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y respaldó dos leyes que comenzarán a tratarse esta semana por impulso del bloque amarillo: la “ficha limpia” para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos, y la restitución del voto postal de los argentinos en el exterior.
El trasfondo de las fricciones entre el Gobierno y Macri tiene que ver con el pago de la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires: el ministro de Economía, Luis Caputo, se había comprometido con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero pagó el 1,4% en lugar del 2,95% estipulado.
Ley Bases
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo reglamentó una parte de la Ley Bases a través del decreto 695/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que arrojó operatividad sobre la reforma del Estado, la regulación del empleo público, los procedimientos administrativos del Estado y las concesiones.
Uno de los puntos es el que Sturzenegger emparentó con la “motosierra”: gracias a la delegación de facultades por parte del Congreso, el Ejecutivo podrá transformar, fusionar o disolver organismos públicos, con excepciones que figuran en un listado. El primero en cerrarse será el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), donde meses atrás fueron despedidos más de 100 trabajadores.
También se avanzará en la privatización de empresas públicas, que deberá ser analizada por el Congreso. En la ley aprobada quedaron comprendidas Energía Argentina e Intercargo (sujetas a privatización); y AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales (sujetas a privatización o concesión).
El segundo aspecto fue lo que Sturzenegger definió como un mecanismo “anti coimas” dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante el cual ante un pedido de autorización de un privado, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.
De esta manera, según el funcionario, “desaparece el poder arbitrario del funcionario de cajonear un expediente y de pedir coimas”. Es lo que se denomina como el “silencio positivo”, algo que, según denunció el kirchnerismo en el Congreso, facilitará negocios con la venta de tierras fiscales o de patrimonio público.
Por otro lado, detalló Sturzenegger, “se reduce el poder extorsivo del Estado, ya que se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla” cuando “antes, el funcionario podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla”. Por último, “se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias”, lo que según el ministro antes permitía “cajonear una demanda contra el Estado”.
En el capítulo de empleo público, calificado como “anti ñoquis”, se establece que los trabajadores deberán rendir un examen objetivo de competencias, cuyo resultado “lo determinará una computadora”. Además, quedarán más expuestos a sanciones por incumplimientos y se les descontarán los días de paro.
Además, se acotan las adscripciones: el empleado que salga de la órbita de la administración federal para pasar a trabajar en otro poder del Estado o un gobierno provincial o municipal dejará de recibir un sueldo del Estado Nacional.
En tanto, se establece que los empleados afectados por la eliminación de organismos o por exceder la “dotación óptima necesaria” quedarán en situación de disponibilidad por hasta 12 meses. Durante este período cobrarán el sueldo, dependiendo de su antigüedad, y podrán capacitarse o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.
Si una vez transcurrido ese período el empleado consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado. Pero si el trabajador no formaliza una nueva relación laboral, será automáticamente desvinculado e indemnizado.
En cuanto a las concesiones, se indica que podrán ser de plazo variable. “Si la obra es muy exitosa, el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápidamente. En cambio el plazo se extiende si la obra resulta menos redituable”, explicó Sturzenegger.
Además, señaló, “la Ley Bases permite que las concesiones se hagan con mecanismos automáticos de actualización. Se podrá concesionar, por ejemplo, en UVAs. De este modo el concesionario podrá proteger su ecuación económica, pero sobre todo se evitará la necesidad de modificaciones que siempre generan una oportunidad para la corrupción”.
Finalmente, “se permite en el pliego determinar el mecanismo de resolución de controversias para aportar seguridad jurídica y, por lo tanto, menores costos para el Estado”.
