Al filo del cierre de las sesiones extraordinarias, el Frente de Todos logró convertir en ley la moratoria previsional, que permitirá jubilarse a unas 800.000 personas que llegaron a la edad, pero no completaron los años de aportes. Fue tras un debate caliente, donde además hubo cruces por un escrache a diputados de la oposición.
El proyecto fue aprobado con 134 votos a favor (del Frente de Todos, los interbloques Federal y Provincias Unidas, y la izquierda) y 107 en contra, de Juntos por el Cambio y los bloques liberales de Javier Milei y José Luis Espert.
De esta manera, a un día de la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente Alberto Fernández, el oficialismo logró compensar la frustración de las extraordinarias. El Poder Ejecutivo había enviado 28 temas, de los cuales se trataron solamente dos (la moratoria y un proyecto de historias clínicas digitales, además del arranque del juicio político a la Corte Suprema).
La sesión comenzó con los 129 presentes justos para el quórum. El Frente de Todos se aseguró asistencia perfecta de sus 118 integrantes y además contó con la ayuda de tres aliados de Provincias Unidas; los cuatro miembros de la izquierda y la mitad del Interbloque Federal (los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, y los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez).
Tal como había anticipado, Juntos por el Cambio no aportó al número, en función de su postura de no facilitar ninguna ley promovida por el Gobierno mientras persista el juicio político contra la Corte. Una vez que comenzó la sesión, los diputados de la principal fuerza opositora bajaron al recinto.
Con un argumento similar, tampoco colaboraron con el oficialismo los tres schiarettistas, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia De la Sota. Sin embargo, a diferencia de Juntos por el Cambio, votaron a favor de la moratoria.
La flamante ley permite que aquellas personas que a la fecha hayan cumplido la edad jubilatoria (o que la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia de la ley), y que no tienen los 30 años de aportes necesarios, puedan saldar su deuda previsional hasta 2008, en planes de hasta 120 cuotas, con un pago mensual equivalente al 29% del haber mínimo.
Entre los 800.000 beneficiarios totales que estima la ANSES hay unos 54.000 cordobeses y 30.000 mendocinos, en su gran mayoría mujeres.
Paralelamente, aquellas personas a las que les faltan hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años), y que ya saben que carecen de aportes suficientes para acceder al haber, podrán ir saldando esa deuda mientras estén en actividad.
Escrache y polémica en los palcos
Al inicio de la sesión, los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Carla Carrizo, sumados a la bonaerense Camaño, alzaron la voz por un escrache que realizó un gremio de la ANSES contra los legisladores de la oposición por no haber acompañado la moratoria el año pasado.
Los afiches, pegados en oficinas del organismo, contienen los rostros de los diputados con la leyenda “Buscalos, seguramente hay algún vecino tuyo. Gracias a estos tipos, más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse”. Y, tras nombrar bloque por bloque, remata: “Legislan para un pueblo que odian”.
La oposición intentó aprobar sobre tablas una declaración de repudio al escrache, pero no pudo aprobar el apartamiento del reglamento porque el Frente de Todos rechazó la moción, que finalmente recibió 111 votos negativos, 102 afirmativos y cinco abstenciones.
“En enero, todas nuestras caritas (faltaron nuestros domicilios) estuvieron presentes en los diarios Clarín y La Nación por pertenecer a la Comisión de Juicio Político”, retrucó Germán Martínez, jefe del bloque.
Pero luego, al cierre del debate, Máximo Kirchner rompió el silencio y subió la apuesta: “Si algún diputado se sintió mal por los carteles, es entendible. Imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotros cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”.
Cuando se discutía el tema, la diputada Camaño pidió echar del recinto a un sindicalista de ANSES que estaba a los gritos en un palco, a quien acusó de ser el “autor intelectual del cartel”. El acusado era Carlos Ortega, del Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares Para el Personal de Industria (CASFPI).
“Tuvo el atrevimiento de aplaudirse, ¡así le va a los trabajadores con personajes como este!”, bramó Camaño, y agregó: “¡No voy a permitir que esté este señor acá!”. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, ordenó al área de seguridad verificar los videos para proceder, pero Ortega finalmente se retiró por cuenta propia.
La moratoria
Según datos oficiales, actualmente solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres pueden acceder a la jubilación. Cabe aclarar que, para aquellos que no tienen ningún aporte, está vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), implementada durante la gestión macrista, que es equivalente al 80% de la jubilación mínima.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% accedió al beneficio a través de moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal será de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año al 0,42%. “Es muy poquito”, aseguró Heller, que recordó que el rubro Seguridad Social tiene un gasto de 9,5% del PBI.
La camporista Marisa Uceda, titular de la Comisión de Previsión Social, recordó además que el sistema no solo se financia con aportes de los trabajadores activos, sino también con impuestos como el IVA, que se nutren del mismo consumo de los jubilados. “Ese es el círculo virtuoso”, sintetizó la diputada.
Por el contrario, Rodrigo De Loredo, jefe del bloque Evolución Radical, sostuvo que a partir de 2006 hubo un quiebre del sistema, porque la relación pasó de “2,6 activos por cada un pasivo” y a “1,5 activos por cada un pasivo”.
“Pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados, han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo, sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó De Loredo entre gritos.
La camporista cordobesa Gabriela Estévez le salió al cruce: “Me preocupa que alguien que tiene la ambición de gobernar la provincia tenga una mirada tan reaccionaria y vote en contra de los derechos de los jubilados con tanta liviandad”.
Evolución Radical tenía un dictamen propio, elaborado por el puntano Alejandro Cacace, que proponía otorgar a las personas en edad jubilatoria una prestación proporcional a los aportes realizados, “para mantener la equidad contributiva”.
En nombre del bloque Córdoba Federal, Natalia De la Sota advirtió que “las moratorias y los planes de pago están lejos de dar una solución permanente y definitiva”, pero admitió que “hay una realidad urgente que se impone y que debemos atender”.
