Entre el 1 y el 8 de agosto, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) llevó adelante auditorías de pensiones no contributivas por invalidez en un hotel de Paraná. Lo que debía ser un procedimiento administrativo de control terminó en una denuncia judicial por presuntas irregularidades.
Según se constató, aparecieron constancias con el sello y la firma del cardiólogo de Pergamino, Leandro Peñaloza, quien nunca participó de las revisiones. El mismo profesional ya había denunciado en Misiones el uso indebido de su nombre y matrícula.
Denuncia ante la Justicia Federal
La presentación judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de Entre Ríos, junto con el Órgano de Revisión de Salud Mental, profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental e Iprodi.
“Decidimos acudir a la Fiscalía Federal para que se investigue si en Paraná se repitieron las mismas irregularidades detectadas en Misiones. Encontramos constancias firmadas con el nombre del doctor Peñaloza, quien ya había denunciado en Pergamino que jamás prestó su firma”, explicó la defensora del Pueblo, Marcia López, en diálogo con Elonce.
Beneficiarios en riesgo
Las anomalías no solo afectan la transparencia del procedimiento, sino también a los propios pensionados. “Hay personas que ya perdieron el beneficio porque no asistieron a la auditoría, pero en realidad nunca fueron notificadas. Otros nos consultaban si debían presentarse o no, porque no tenían información oficial”, advirtió López.
La funcionaria también cuestionó el modo en que se realizaron las jornadas: “Nos atendieron cordialmente, pero reconocieron que no tenían un padrón de citaciones. Nos informaron que eran una consultora externa contratada por Andis, lo que muestra la poca seriedad con que se llevaron adelante estas auditorías”.
Próximos pasos
Organismos y profesionales que acompañaron el proceso reclaman que la Justicia investigue y se garanticen los derechos de los beneficiarios. “Nos turnamos para estar presentes durante las auditorías y lo que buscamos es que se esclarezca lo ocurrido”, sostuvo López.
En paralelo, la Asociación de Defensorías del Pueblo gestiona una reunión con las autoridades nacionales de Andis, hoy bajo intervención, para exigir respuestas. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la continuidad de quienes ya sufrieron la suspensión de sus pensiones.
