Jimena Leguizamón
Las auditorías de pensiones no contributivas realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Misiones derivaron en un fuerte conflicto institucional, con acusaciones de desorganización, maltrato a personas con discapacidad y agresiones a periodistas y autoridades locales.
El epicentro del escándalo estuvo en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo, donde los controles fueron ejecutados por personal que habría sido contratado por la empresa privada MEDICSYS S.A., constituida recientemente en Buenos Aires. Cinco personas fueron demoradas tras atacar al periodista Enrique Ortiz, corresponsal de Crónica TV, durante la cobertura en 25 de Mayo. Aunque recuperaron la libertad, una de ellas quedó notificada en una causa por amenazas y lesiones leves.
Las denuncias incluyen certificados rechazados por la ANSES, lo que generó incertidumbre entre cientos de pensionados. La polémica creció al conocerse que el personal afectado a los operativos provenía de Mar del Plata, Posadas y La Plata, sin vínculos directos con la provincia. Videos de los incidentes se viralizaron en redes sociales, mostrando discusiones con autoridades locales, entre ellas el intendente de Aurora.
Tras la suspensión de los operativos, se anunció que las auditorías se retomarán bajo la conducción de la Unidad de Gestión Local del PAMI en Misiones, con la participación de médicos y especialistas locales para garantizar condiciones adecuadas y un trato digno a los beneficiarios.
El caso se suma a reclamos registrados en otras provincias por procedimientos de la ANDIS, donde se denunciaron bajas de subsidios sin notificación previa y deficiencias en los controles.