La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial presentó el documento Evaluación de Amenazas Aluvionales en el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza.
La semana pasada se declaró la emergencia ambiental en la zona y se suspendieran por un año los emprendimientos inmobiliarios y las obras de desarrollo urbano.
Esta evaluación analiza un área total de 1.243 kilómetros cuadrados, que incluye 22 cuencas, zona en la que habitan cerca de 10.000 familias.
Desde el Gobierno han advertido que algunas casas en zonas de riesgo deberán ser desalojadas. No obstante, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, afirmó que recién dentro de 6 meses se sabrá específicamente qué propiedades se encuentran en ubicadas en áreas de peligro.
La finalidad es actualizar la legislación pertinente o crear una nueva en función de la no ocupación de las áreas de mayor amenaza, y elaborar el código para saber cómo construir en aquellas áreas donde sí se pueden realizar actividades.
"Este documento es muy importante para poder determinar cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad, vulnerabilidad media o de vulnerabilidad baja para tomar decisiones sobre el territorio. La provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, es la que determina qué barrios y qué desarrollos se puede hacer", indicó Mingorance.
Emplazarán a los propietarios para que realicen obras para mitigar las amenazas y pasar de zona roja o amarialla a una verde. Se exigirá a los privados que realicen estos trabajos y se verá si el Estado pude realizar algunos y en el caso de que la situación sea insalvable, las familias se tendrán que trasladar.
"Hay muchos privados que se han beneficiado por esta irregularidad o esta falta de control, la idea de la Secretaría es salir en búsqueda de esos privados que ya tuvieron su renta por la venta y que hagan las inversiones que tengan que hacer", advirtió Mingorance.
El informe también establece posibles soluciones para mitigar el impacto del agua con la construcción de trincheras de infiltración, trampas de agua, pequeñas obras que sí puede hacer el privado más obras que tenga que hacer el Estado, eso coadyuvaría a que se minimice finalmente el riesgo.
