Teniendo en cuenta que la cusa del Próvolo aún no está cerrada, el fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la investigación por los abusos sexuales en el instituto, ordenó a la Municipalidad de Luján de Cuyo no hacer modificaciones estructurales al colegio, que recientemente fue adquirido por esa comuna.
Stroppiana hizo lugar a un planteo de los abogados querellantes Oscar Barrera y Nicolas Lanci, quienes destacaron que al momento de la entrega de las instalaciones al anterior dueño se había puesto como condición que se preservaran las instalaciones por el interés que reviste para la causa, según informaron fuentes judiciales.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal, ordenó al gobierno de Omar de Marchi a no modificar la construcción, dado que aún pueden llevarse a cabo medidas para el esclarecimiento de los hechos.
