Ante la posible legalización del aborto, en la sesión que tendrá lugar el 8 de agosto, en el senado de la Nación, profesionales en Ciencias Económicas de Mendoza efectuaron un informe acerca de los efectos que causaría, en caso de ser aprobada la Ley, en el Presupuesto Público.
Este trabajo le será entregado formalmente al gobernador Alfredo Cornejo, con quien se reunirán el viernes a las 13 en Casa de Gobierno.
El contenido
"Los profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza aquí firmantes, considerando el impacto que tendría el Proyecto de Ley en los costos de las partidas del Presupuesto Público ya que no fue considerado por la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Nación, pues la misma fue anulada para su tratamiento.
Nuestra preocupación radica en el incremento de prestaciones médicas, tanto de los argentinos como el gasto que generarían los extranjeros provenientes de países limítrofes en los cuales no es legal o que siendo legal no es gratuito. Aclaramos que se verán afectadas TODAS las partidas presupuestarias tales como: bienes de consumo, personal y bienes de capital.
El aumento del presupuesto no sólo se da por la práctica del aborto sino por las consecuencias derivadas de la misma, a saber. Existen enfermedades de base no detectadas en la mujer que necesita tiempo para diagnosticarlas que pueden ser contraproducentes con el aborto y derivar en Terapia intensiva o en complicaciones que demanden mayores costos en salud física y/o mental.
En un momento en el que nuestro país se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional donde uno de los compromisos principales es bajar el presupuesto público, este proyecto de la forma que se ha planteado lleva al incumplimiento pues el aumento es ineludible.
Como es de público conocimiento, los hospitales no pueden satisfacer ni en tiempo ni en calidad las prestaciones hospitalarias que necesita la sociedad, tanto por carencia de insumos como de personal y muchas veces de infraestructura para la atención de determinadas enfermedades.
Una cirugía programada puede tener demoras de entre 3 y 6 meses, contra los 5 días que da el proyecto de Ley para la concreción de la práctica del aborto desde su solicitud.
Pareciera que esta práctica pasará por encima del resto de las enfermedades a tratar como cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, enfermedades de transmisión sexual, afecciones cardíacas, desnutrición entre muchas más.
Según los que presentaron el proyecto de Ley la cifra de abortos clandestinos que se estarían realizando en nuestro país basado (cifras no oficiales) oscilarían entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazo por año.
Según datos del último censo nacional del año 2010 sobre una población de 40.117.096 hay 20.516.140 mujeres, de las cuales el 45,2% se encuentran en edad de gestar (entre 15 y 44 años) y representan 9.273.295 mujeres.
Asumiendo que por las disposiciones de la Ley la estructura de salud de nuestro país debería estar en condiciones de responder en el plazo perentorio de 5 días a todas las que de esas 9.273.295 mujeres decidan hacer aborto deberían sacrificarse recursos asignados a otras necesidades de salud como también de educación, seguridad y justicia.
O en su defecto debiera incrementarse el nivel de recursos del Estado aumentando los impuestos o incrementando el endeudamiento, hecho que no ha sido previsto por el Congreso de la Nación pues se canceló la Comisión de Presupuesto tal como lo afirmamos al principio de este informe.
Con las miras puestas en la grandeza de nuestra Nación no se puede legislar sin garantizar el bienestar de toda la población pues sería beneficiar un sector en detrimento del resto, además de atentar contra el primer derecho que es el Derecho a la Vida".
