La diputada mendocina por Cambiemos, Stella Maris Huczak, firmó junto a legisladores de diferentes bancadas un proyecto de ley contra la despenalización del aborto, que apunta a "la protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer". El grupo se autodefine como "pro vida".
La presentación de la iniciativa se realizó horas después de que otro grupo de diputados nacionales y representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito hiciera lo propio, aunque a favor de la despenalización.
Las firmas del proyecto son encabezadas por el cordobés demócristiano Juan Brugge, la kirchnerista Silvia Frana, Vanesa Massetani (Frente Renovador), Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Graciela Caselles (Partido Bloquista de San Juan) y Stella Maris Huczak (PRO).
Lo hicieron también Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), David Schlereth (PRO), Jorge Enriquez (PRO), Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), Carlos Roma (PRO), Graciela Navarro (Frente Cívico santiagueño), Karina Molina (PRO), José Orellana (Primero Tucumán) y Carla Pitiot (Frente Renovador).
Entre otras cuestiones, el proyecto define "niño por nacer" como "todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento".
Aclara que "cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros".
Establece que "el niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna?.
En cambio, si el embarazo es producto de una violación dice que la mujer podrá acceder durante toda la gestación a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).
El texto precisa que se reputará como "violencia contra la mujer" toda "interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto".
Crea, además, un "Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer", integrado por organismos y entidades de la temática, que entre otras cosas debería poner en funcionamiento un "centro de asistencia" para la mujer gestante "en cada hospital público".
