La ex representante legal del instituto religioso Antonio Próvolo, Graciela Pascual (61) continuará detenida. Así lo dictaminó la Justicia de Garantías este mediodía, al confirmar la prisión preventiva y rechazar el pedido de liberación que había hecho su abogada defensora.
Actualmente se investigan una serie de abusos sexuales y episodios de corrupción denunciados por chicos sordos que estudiaban y dormían en ese establecimiento, y por los que hay 15 imputados, entre ellos esta mujer.
De esta manera, Pascual seguirá en la cárcel para mujeres de Agua de las Avispas (Cacheuta), y habrá que aguardar a una futura audiencia para que la jueza Alejandra Alonso determine si hace lugar al otro pedido que había hecho la defensora y que está referido a la posibilidad de que cumpla el régimen de prisión domiciliaria.
La ex empleada está tras las rejas desde el 24 de agosto pasado, día en que fue detenida tras un allanamiento en su domicilio. Está imputada por participación primaria (omisión), ya que el fiscal considera que habían indicios suficientes para que estuviera al tanto de la posible comisión de abusos, y aún así no haber hecho las denuncias correspondientes.
Los pedidos de la defensa fueron formulados la semana pasada y estaban basados en el hecho de que a la monja japonesa Kumiko Kosaka -imputada y detenida como autora de algunos episodios- sí le autorizaron el régimen de domiciliaria (aunque aún no ha sido trasladada).
“La jueza dictó la prisión preventiva, lo que significa que Pascual va a seguir detenida hasta llegar al juicio por este caso. Y por lo pronto va a seguir en Agua de las Avispas, ya que la posibilidad de la prisión domiciliaria se va a resolver en otra audiencia. Porque para esto es necesario que se presenten las pericias psicológicas y otras pruebas a la imputada”, destacó el abogado querellante Oscar Barrera.
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