Impacientes, con alquileres impagos y salarios adeudados, gastronómicos de Mar del Plata radicalizaron sus protestas este lunes con el lanzamiento de la campaña "¿Abrimos o cerramos?" donde buscan motorizar la aprobación de su protocolo de trabajo ya consensuado con los gremios del sector y la Municipalidad de General Pueyrredon.
Tras la realización de una prueba piloto -sin atención al público- de su protocolo la semana pasada, los empresarios gastronómicos objetaron que "si salió bien, por qué demoran la aprobación" y mediante el intercambio resolvieron el lanzamiento de la campaña que con un interrogante refleja todas sus dudas: "¿Abrimos o cerramos?".
Según el testimonio de referentes del sector que recogió 0223, "los gastronómicos están desesperados: sin fecha de retorno y sabiendo que una virtual reanudación de la actividad no los eximirá de pagar las deudas y obligaciones contraídas en estos casi 3 meses de cierre por el coronavirus, muchos analizan el cierre definitivo".
"Nunca pensé que iba a escuchar a algunos grandes empresarios, decir que analizan cerrar si esto continúa. Viendo lo que pasó con Mc Donald´s de Güemes o la sucursal de La Fonte, muchos entendemos que hasta acá llegamos. Necesitamos urgente abrir", expresó al medio citado el empresario gastronómico Hernán Szkrohal en referencia al cierre de locales emblemáticos para la ciudad.
El reclamo de los gastronómicos no va dirigido solamente al gobierno municipal y provincial, sino también a los concejales de Mar del Plata y Batán que trascendió que están elaborando una ordenanza en el que se habilitaría de manera precaria, un permiso de apertura.
Pese a que los locales gastonómicos están cerrados desde el inicio de la pandemia de coronavirus, solo pueden hacer take away o delivery, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata informó una caída de las ventas del 76% en mayo, con una variación interanual medida en existencias.
La UCIP también admitió que más de la mitad de los locales de comercios no esenciales de la ciudad no pudieron acceder al Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) que había lanzado el Gobierno para garantizar su sostenibilidad.
