Organismos de derechos humanos rechazaron la suspensión sin fecha de la declaración indagatoria prevista para 18 oficiales y suboficiales imputados por torturas contra ex combatientes durante la guerra de Malvinas, y pidieron a la justicia que no haya más dilaciones.
La suspensión de las audiencias, que estaban fijadas inicialmente para fines de este mes y julio, fue dispuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e Hijos, entre otras organizaciones, rechazaron esa resolución y la consideraron una "auténtica burla".
La "megacausa" por aplicación de torturas, abandono de persona y severidades a conscriptos en las Islas Malvinas se inició en 2008 y consta de 105 casos que involucran a 95 personas denunciadas.
La mayoría del total de 120 denunciantes es oriunda del nordeste argentino y especialmente de Chaco.
"Son absolutamente inaceptables nuevas dilaciones, máxime cuando el argumento utilizado para suspender las audiencias fue la ausencia de instalaciones judiciales adecuadas y la necesidad de contar con más personal para hacer frente al proceso legal", expresaron los organismos.
En un comunicado, remarcaron que ya lleva "12 años de espera" la investigación de esos hechos presuntamente cometidos contra soldados de las tres fuerzas armadas desplazados en las Islas Malvinas en la guerra con el Reino Unido, en 1982.
La causa se inició luego de que el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, denunció "torturas, un trato indigno e inhumano y un hambre extremo que llevó a la muerte a varios soldados".
La suspensión de esas audiencias constituye "una afrenta para las víctimas y coloca a Argentina en grave responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos que en nuestro país están incorporados a la Constitución Nacional", indicaron las organizaciones.
