Previo al receso de invierno en la Legislatura de Jujuy, el Poder Ejecutivo provincial puso a consideración de ese parlamento un proyecto de ley que promueve la adhesión de la Provincia al capítulo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que logró imponer en el Congreso el presidente Javier Milei. Mientras el oficialismo local salió a apoyar el pedido del gobernador Carlos Sadir, el bloque del PTS-FITU ya adelantó su voto negativo.
Como voz cantante de ese sector, el diputado Gastón Remy interpretó que el RIGI “blinda toda la estructura fiscal local a medida de las grandes empresas exportadoras” y “no podrá tener cambios durante treinta años”, advirtió, a la vez de dar como ejemplo que “si se plantea que las mineras de litio paguen ingresos brutos, como paga un panadero, un monotributista o un médico, no podrá plantear la derogación de la ley n° 5.290 que habilita este beneficio, dado que la Legislatura, adhiriendo al RIGI, pierde esta facultad”.
Atacó también Remy el argumento de que este nuevo Régimen de Incentivos propendería a la generación de puestos de trabajo.
DUDAS SOBRE LA GENERACIÓN DE EMPLEO
“Las leyes de inversión no hacen magia en cuestión de empleo, como ellos dicen”, objetó el presidente de la bancada de la izquierda, y para graficar su afirmación aseguró que “desde que aprobaron la legislación provincial en mayo de 2016 hasta abril de este año, el total de empleo asalariado privado registrado tan solo creció en 2.177 puestos” a nivel provincial.
Poniendo luego el foco en el terreno de la minería, planteó que “con las inversiones de litio se crearon 608 puestos de trabajo, mientras localidades como Susques tiene un enorme déficit de infraestructura con solo el tres por ciento de las viviendas con techo de losa. ¿A esto, se le puede llamar desarrollo?”, cuestionó el legislador.
Por su parte, la diputada Natalia Morales criticó una arista en particular del Régimen aprobado por el Congreso de la Nación, señalando que con ese instrumento “se cede otro derecho soberano, por el cual los juicios que se haga a las empresas adheridas al RIGI se resolverán en Cortes internacionales donde la Argentina siempre ha perdido. Esto es de una gravedad enorme, ya tenemos la experiencia del juicio a raíz de la cuasi estatización de YPF” durante la gestión kirchnerista, refirió la legisladora provincial.
