Médicos, técnicos y enfermeros que prestan servicio en la órbita de la administración pública provincial marcharon este jueves por calles de San Salvador de Jujuy reclamando “salarios dignos y en defensa de la salud pública y el hospital público”, en tanto que por su lado diferentes organizaciones sociales se movilizaron también por el casco céntrico de la ciudad haciendo visible su rechazo a la “criminalización de la protesta”, tras los allanamientos a sedes y domicilios de dirigentes producidos el miércoles por una investigación por presuntas maniobras de extorsión con planes sociales.
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La columna de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) de Jujuy recorrió calles en torno a la Casa de Gobierno y la plaza Belgrano, donde exhibieron pancartas y carteles con la consigna del reclamo y otras reivindicaciones.
Como efecto colateral de esta y las demás movilizaciones, un verdadero caos vehicular imperó en el centro por el bloqueo de diferentes calles según avanzaban los grupos de manifestantes por las diferentes calles.
“Ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial, las y los profesionales vamos con fuerza a un nuevo paro de 48 horas con asistencia y retiro de los lugares en todos los turnos para llevar a cabo una gran movilización provincial”, decía al comienzo de la marcha el secretario general de APUAP, Nicolás Fernández.
La protesta del sector está centrada en el pago de un adicional por recurso humano crítico, el cual reclaman para todos los profesionales comprendidos en las leyes 4.413 y 4.135; blanqueo de módulos por desempeño, y “cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial hace más de un año”.
También los dirigentes manifestaron su rechazo a la “la naturalización de la violencia laboral en el Juzgado de Minas”, un asunto que lleva varios meses de haber salido a la luz.
“Nuestros pliegos reivindicativos son claros y específicos: planteamos una liquidación adicional para todos en cumplimiento de las leyes y el blanqueo de los módulos por desempeño, que fue un compromiso asumido por el Gobierno provincial el año pasado”, detalló el dirigente gremial en su arenga pronunciada al paso de la manifestación por las puertas del Ministerio de Salud.
“Además pedimos que se complete la recategorización y que pasen al escalafón profesional los trabajadores enfermeros e instrumentadores quirúrgicos”, remarcó Fernández.
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Por otro lado, entidades y agrupaciones convocadas por la Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Frente Popular “Darío Santillán” también ganaron las calles céntricas este jueves para rechazar lo que la dirigencia del sector interpreta como “persecución y criminalización” de la protesta, haciendo foco en los procedimientos desplegados el miércoles último cuando “varias casas de dirigentes sociales fueron allanadas de manera violenta y con irregularidades, en un claro ataque al conjunto de movimientos sociales”, dijeron voceros de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
“Tal ataque es una muestra más del carácter despótico de este gobierno y es intolerable para quienes creemos en una sociedad justa, inclusiva y democrática”, sostuvieron.
