Eduardo Sánchez
En el marco de una causa en la que se investiga supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales y la presunta conformación de una asociación ilícita en ese contexto, a lo largo de la jornada de este miércoles funcionarios judiciales y efectivos de la Policía de Jujuy ejecutaron una orden emanada por el juez Rodolfo Fernández y realizaron una cantidad de allanamientos a sedes de organizaciones y domicilios de dirigentes, operativo que dejó como saldo el secuestro de documentación y otros elementos, aunque sin que haya personas imputadas ni detenidas.
La serie de allanamientos se dio en el contexto de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) y comenzó a las ocho de la mañana en sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua.
La pesquisa había sido ordenada por juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio y entre las entidades registradas hubo cinco sedes de organizaciones y merenderos que los dirigentes denunciados tienen a su cargo.
La medida fue rechazada por las entidades, que consideraron los procedimientos una “persecución política” y apuntaron contra el Gobierno provincial, a la par de anunciar para este jueves una conferencia de prensa unificada en la plaza Belgrano que tendrá la consigna “Basta de perseguir a las y los que luchan”.
¿EXTORSIÓN CON LOS PLANES SOCIALES?
Una fuente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que “las medidas probatorias fueron solicitadas para investigar hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias”.
Del trámite formalizado por el Agente Fiscal, se informó que Funes solicitó al Juzgado de Control los allanamientos de distintos inmuebles “contando con el análisis de los indicios que obran en la causa”.
De tal manera, a lo largo del día funcionarios judiciales junto con personal policial allanaron “en total quince inmuebles, entre ellos diez viviendas y sedes de organizaciones sociales”.
A primera hora de la noche la fuente confirmaba asimismo que “hasta el momento no hay personas imputadas ni detenidas, y la IPP continúa con una serie de medidas ordenadas por el Agente Fiscal para lograr establecer la comisión, o no, de los delitos” investigados.
Según trascendió, en los procedimientos los funcionarios judiciales habrían secuestrado teléfonos celulares, elementos informáticos y documentación relacionada con los planes Potenciar Trabajo y Acompañamiento, entre otros.
“El Gobierno de la provincia de Jujuy a través de su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando en la provincia”, denunció en un comunicado el Frente de Organizadores en Lucha (FOL).