En los primeros siete meses de 2024, se registraron en el país 168 femicidios, tres de ellos clasificados como lesbicidios y dos como trans-travesticidios, según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Este reporte destaca que 178 hijos e hijas quedaron sin madre, el 58% de estos son menores de edad.
Otro de los datos que llama la atención es que el 56% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, lo que pone en evidencia la trágica realidad de la violencia doméstica y la dificultad de escapar de una relación abusiva. De acuerdo al Observatorio, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia sigue siendo su propio hogar o el hogar compartido con el agresor, ya que el 58% de los femicidios ocurrieron en estos entornos.
![Víctimas de femicidio hasta julio](https://www.viapais.com.ar/resizer/v2/66J47XCASJBKDNVPINYP52G2YQ.jpg?auth=4f7dc91bdd07d20b3806089cb0676690f8a42b93a0f0a83874e6468bd33dc494&width=6000&height=4000)
En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires se mantiene como la provincia con mayor número de femicidios en lo que va del año, con 58 víctimas. Le siguen Santa Fe con 15 casos, Chaco con 11 y Córdoba con 7.
Cómo fueron las cifras en 2023
El año pasado se registraron 250 víctimas directas de femicidios, un aumento del 10,6% respecto a los 226 casos del año anterior. Aunque estas cifras están por debajo del pico de 260 víctimas en 2019, el incremento en los casos en comparación con el año anterior refleja una tendencia que parece no tener fin.
La edad promedio de las víctimas directas fue de 38 años, con más de una cuarta parte de ellas teniendo entre 25 y 34 años. Además, un 93% eran argentinas y muchas de ellas presentaban condiciones de interseccionalidad, como migración, problemas de salud mental, situación de prostitución y discapacidad. También se conoció que al menos 32 víctimas habían estado desaparecidas o extraviadas, con tres de ellas aún desaparecidas a la fecha del informe.
![Llamado al 144](https://www.viapais.com.ar/resizer/v2/4X4NZAOED5BUZOXITAJ2TIGVNI.jpg?auth=37c9db81f5dacc9ea84f0125701dc17fb1a053994ca0842c1f1ccd25711ab076&width=6000&height=4000)
De acuerdo al reporte, el 88% tenía algún vínculo con el agresor, ya sea como pareja, expareja o familiar, y un 44% de los casos presentaban antecedentes de violencia de género. A pesar de la existencia de medidas de protección en algunos casos, muchas continuaron enfrentando violencia hasta su muerte. En relación a los agresores, el 27% de ellos tenía un consumo problemático de sustancias y al menos 17 pertenecían a fuerzas de seguridad.
Respecto a los métodos utilizados, las armas blancas y la fuerza física fueron los medios más comunes, ambos representando el 26% de los casos, mientras que el 21% involucraron armas de fuego.
Cabe destacar que, a finales del año pasado, el 15% de las 246 causas judiciales habían sido archivadas, el 82% seguían en proceso judicial y casi el 3% habían concluido con condenas.
Denuncias por violencia de género
Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 2.417 denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De estas, casi el 50% involucraron a personas que denunciaron a sus parejas o exparejas. En específico, el 71% de las denuncias fueron realizadas por exparejas, el 26% por parejas convivientes o cónyuges, y el 3% por novias/os.
Entre enero y junio de 2023, la línea 144 recibió 9.976 llamadas, de las cuales más del 63% se debieron a violencia física. Este servicio, disponible las 24 horas y de forma gratuita, ofrece apoyo, orientación y asesoramiento a nivel nacional. Desde su creación hasta mediados de 2023, la línea había gestionado casi 90 mil llamadas, evidenciando la alta demanda de servicios de apoyo.
Para denunciar casos de violencia de género, las víctimas también pueden recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica o a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). En CABA están disponibles la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia y el Centro de Justicia de la Mujer.
Cabe señalar que la Ley Vigo, aprobada por unanimidad en el Senado en 2022, ha sido un avance importante en la protección de las víctimas. Esta legislación exige que las obras sociales, prepagas y mutuales provinciales incluyan la asistencia integral para la violencia de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El programa cubre una gama completa de tratamientos necesarios, incluyendo terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas y quirúrgicas, garantizando que las víctimas reciban la atención adecuada, algo importante para quienes pasan por esta terrible situación.