Un estudio de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) arrojó que Argentina ocupa el tercer puesto entre los países más perjudicados por la pesca ilegal a nivel mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo y a nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones.
El informe indica que Argentina pierde anualmente hasta 3500 millones de dólares por ésta práctica ilícita, sólo superada por los casi USD 12.000 millones que pierde África, en su conjunto, y los USD 4000 que le son hurtados a Indonesia.
A nivel regional, en América Latina, nuestro país encabeza el ranking de mayores pérdidas económicas, en promedio casi siete veces más que Perú (USD 500 millones) y unas doce veces más que Chile (USD 300 millones).
Raúl Cereseto, Presidente de la entidad a cargo del reporte, detalló que los números se corresponden con los resultados de un trabajo que se llevó a cabo durante el primer semestre del año, a través del entrecruzamiento de datos de una investigación propia (basada en reportes de especialistas en la materia) con informes de la Financial Transparency Coalition (FTC), del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS), del Círculo de Políticas ambientales, de la Global Fishing Watch y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Los principales resultados
El informe de la FULASP detalló que este tipo de práctica representa hasta un 30% de las actividades del sector pesquero mundial, con un volumen de negocios anual estimado entre 10.000 y 23.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, reconoce que la INDNR conlleva a que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales “estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados”.
En otro orden, el trabajo también señala que la mayor parte (60%) de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática (sobre todo de origen chino), mientras que la cuarta parte restante se corresponde con embarcaciones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente.
En el caso de las empresas involucradas, el 80% también ostenta capitales ligados al gigante asiático.
Cómo empezó
Según el informe, el nefasto ranking argentino comenzó a forjarse hace unos 25 años, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia.
La primera vez que la Prefectura nacional capturó a un barco chino realizando pesca ilegal en el mar argentino fue en el año 2001, cuando eran sólo algunas decenas las embarcaciones que amenazaban los recursos pesqueros.
Actualmente, con casi 3.000 barcos, China construyó, en dos décadas, la flota pesquera más grande del mundo, ejerciendo tareas espurias en el Atlántico Sur con más de 400 buques.
Estas embarcaciones se posicionan en el límite exterior con el objetivo de ingresar a pescar dentro de la ZEE, y muchos apagan sus sistemas de rastreo satelital (transponders o transmisores de posición) durante períodos prolongados, cruzando nuevamente la milla 200 hacia alta mar cuando son detectados por la guardia costera de la Prefectura Nacional Argentina.
Otra particularidad es que las flotas ilegales trabajan en conjunto con barcos de transporte que tienen bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que esos transportadores llevan combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que éstos últimos no pierden tiempo regresando a puerto y pescan de modo continuo.
Una problemática urgente
A partir de los datos que arroja el trabajo, y en congruencia con lo que plantea la FAO, el manifiesto destaca que “si aquellos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aprovechan las poblaciones en riesgo que están sujetas a rigurosos controles de manejo o restricciones temporales, se dificultará la recuperación de estas poblaciones a niveles saludables”
“Esto pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”, indica el documento.
Para arrojar mayores datos, el informe de la FULASP grafica en números la gravedad de la situación para el país y expresó que el impacto económico es de gran magnitud, ya que las compañías argentinas exportan a los mismos destinos y si los barcos ilícitos tienen éxito en su pesca, los valores del calamar (por ejemplo) podrían declinar desde un rango que oscila entre U$S 2.700 y 3.000 por tonelada hasta menos de 2.000.
Esto sin considerar que, además, los gastos operativos de las empresas nacionales son significativamente superiores
“Esta situación representa una competencia injusta en su totalidad, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas. En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, añadió Cereseto.
En este punto, el trabajo instó a las autoridades nacionales a “enfocarse en la creación de nuevas regulaciones, y a colaborar a nivel del Mercosur, para garantizar los derechos del bloque regional”.
Finalmente, Raúl Cereseto afirmó que “este ha sido un conflicto transversal a todos los gobiernos y que ninguno ha tenido la fiel convicción de erradicar”.
Y concluyó: “es vital que esta problemática sea incorporada en la agenda de temas urgentes de cara a la próxima gestión, sea cual fuere el resultado de las elecciones generales de octubre”.
