Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará esta semana a Buenos Aires para avanzar en la revisión de las metas del acuerdo vigente al 31 de diciembre de 2022 y de cuya aprobación depende un desembolso de U$S 5.400 millones.
“En línea con revisiones anteriores, las discusiones técnicas sobre la cuarta revisión del programa han comenzado en un formato híbrido. Se espera que un pequeño equipo técnico del FMI visite Buenos Aires esta semana para continuar con estas discusiones, y que esto sea seguido por una visita de las autoridades a Washington, D.C. hacia fines de mes para finalizar el trabajo técnico”, señalaron a este medio fuentes del organismo multilateral.
El portavoz aseguró que “el trabajo y la comunicación entre el equipo técnico del FMI y las autoridades, continua con fluidez en todos los temas e iniciativas relevantes”.
Tal como se descuenta, tras la visita de los funcionarios argentinos a Washington, el staff técnico del organismo elevará al Directorio una recomendación para la aprobación de la cuarta revisión.
La reunión del Board podría tener lugar a mediados de marzo y tras el aval de la cúpula que comanda Kristalina Georgieva se dispara de manera automática un giro de U$S 5.400 millones, que resultará fundamental para permitirle al Banco Central seguir manejando el mercado de cambios hasta que comience la liquidación de la próxima cosecha.
Un punto clave que estará en la mesa de discusión es la operación de recompra de deuda por U$S 1.000 millones que lanzó el Gobierno hace dos semanas.
El FMI cuestionó públicamente esta medida y expuso a los funcionarios del equipo económico que habían dicho que el organismo la respaldaba. Para el organismo no era apropiada en momentos en que hay metas de reservas a cumplir este año.
En 2023 la acumulación de reservas debe llegar a U$S 4.000 millones y las perspectivas son complicadas, dado que se prevé una caída de ingresos de unos U$S 8.000 millones por la merma de la cosecha por la sequía y un saldo neto negativo con organismos multilaterales por unos U$S 2.000 millones (se les pagará durante el año más de lo que girarán al país, incluso el FMI).
Según anticiparon en diferentes oportunidades miembros del equipo económico, las metas más importantes al cierre de 2022 están cumplidas.
La acumulación de reservas fue U$S 400 millones, superior a la meta prevista, y el déficit fiscal primario se ubicó en 2,4% contra el 2,5% firmado. A su vez, se respetaron las pautas de emisión monetaria y de asistencia al Tesoro Nacional.
Con estos parámetros en línea, la real expectativa pasa por determinar si el FMI tiene algún grado de predisposición para flexibilizar las variables del programa ante los efectos de la sequía y los costos energéticos.
Cabe recordar que la semana pasada el diputado nacional Máximo Kirchner señaló que es necesario revisar el convenio vigente con el organismo multilateral porque en los términos previstos es de difícil cumplimiento.
Sobre esta declaración, el Palacio de Hacienda eligió el silencio y el calendario programado con el FMI siguió su curso sin modificaciones.
No obstante, el Gobierno argentino viene enviando distintas señales para lograr algún grado de alivio en el programa de Facilidades Expendidas (EFF) que se está desarrollando.
Primero intentó con una rebaja en la sobretasa que está pagando (mayor costo porque se le entregó un crédito superior al que podía acceder por su cuota dentro del organismo), pedido que ya fue rechazado por el Directorio.
El segundo planteo fue el gasto adicional en materia energética que asumió la Argentina por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Para el Gobierno argentino, el impacto fue de U$S 5.200 millones adicionales, mientras que para el FMI fue de $ 3.000 millones.
En esa discusión, Argentina pretende que haya un reconocimiento de los países más desarrollados hacia los emergentes por un costo del que considera son ajenos.
Estas reuniones serán fundamentales para establecer si el FMI está dispuesto a algún tipo de flexibilización.
