El Ministerio de Economía prorrogó vencimientos de deuda por $ 3 billones que operaban durante el primer trimestre del año y de esta forma alivió las obligaciones del Tesoro Nacional, que ascendían a $ 4,2 billones en ese período.
El monto canjeado representa el 67% del total y según estimaciones del mercado, entre un 55 y 60% estaba en manos de organismos del sector público.
Los títulos convertidos tienen vencimientos entre abril y febrero 2024, con lo cual buena parte de esta deuda en poder de las instituciones oficiales deberá ser afrontada por el próximo gobierno. Según la planilla oficial, se emitirán bonos duales con vencimiento en febrero del año próximo por U$S 3.000 millones.
De los números oficiales surge que hubo una escasa participación de inversores privados, quienes no muestran señales de estar dispuestos a seguir tomando riesgos del Tesoro Nacional ante la proximidad de las elecciones.
Esta fue la primera operación financiera del año y el tercer swap que encaró la actual conducción del Palacio de Hacienda para enfrentar la abultada deuda en pesos que debe refinanciarse todos los meses y genera incertidumbre en la plaza financiera.
Para tentar a los inversores, el menú de títulos diseñado por la Secretaría de Finanzas garantizaba rendimientos al ofrecer títulos ajustados por inflación (CER) y por la evolución del dólar.
El cronograma de vencimientos establecía obligaciones por $ 1,1 billones en enero, $ 1,2 billones en febrero y $ 2 billones en marzo.
De acuerdo a la información oficial, tras el swap se redujeron a $ 390 mil millones en enero, $ 420 mil millones en febrero y $ 600 mil millones en marzo.
Tras el nuevo escenario, Economía afrontará con mayor flexibilidad las licitaciones que se realizarán el miércoles 18 y el viernes 27 de enero.
Los vencimientos de deuda en pesos durante 2023 ascienden a unos $ 13 billones y ante la imposibilidad de obtener esos recursos en forma directa se espera que durante el año se repitan estas operaciones de canje.
Pero la clave estará en cuál será la actitud del sector privado. Para la operación de ayer hubo gestiones con bancos privados para ampliar la adhesión, pero la respuesta resultó débil. Tanto es así que Economía decidió resaltar la participación de los bancos Galicia y Santander, y en “menor medida” la de Nuevo Banco de Santa Fe, Banco San Juan y Banco Macro.
