Este jueves, en el marco del coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, algunos empresarios se mostraron preocupados por un potencial “aumento del control de precios”. Sucede que el comentario de Cristina Kirchner sobre la necesidad de congelar los precios se expandió. Cinco de las grandes empresas confirmaron haber sido convocadas por la Secretaría de Comercio Interior para darles a conocer “los pasos a seguir” ante un escenario inflacionario que no cesa.
Esos pedidos de reunión encendieron las alarmas de todo el sector, que temen que puedan poner en práctica mayores controles de precios. El descontento general fue instantáneo dado que, señalaban, recién terminaron de renovar el programa Precios Cuidados. A muchos se le cruzó la posibilidad de que regrese el plan Precios Máximos.
No obstante, hubo quienes consideraron que los rumores se dejaron correr teniendo en cuenta de que este viernes se conocerá el índice de inflación de septiembre. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires la cifra fue del 5,6%, a nivel nacional se espera un piso de 6%, lo que deja el número final de 2022 más cerca del 100%.
Aunque desde Comercio y Economía rechazan el congelamiento de precios que pidió Cristina Kirchner, el comentario podría tener sus consecuencias, como por ejemplo, acordar menores aumentos de lo esperado para el programa Precios Cuidados.
Por otro lado, uno de los interrogantes que se abrió tiene que ver con el nuevo sistema de importaciones: el SIRA. Este debutará el 17 de octubre y reemplazará al SIMI existente. Cancelará todas las medidas cautelares presentadas y llena de incertidumbres al empresariado.
Asimismo, quedaron pedidos de importación en el camino, que ni siquiera fueron analizados. Por lo que otra de las grandes preocupaciones del sector privado es la cantidad de insumos con la que cuentan hasta que se ponga operativo el nuevo sistema. También se preguntan si el flamante esquema será todavía más discrecional que el anterior.
Cuál fue la propuesta en torno a las oportunidades laborales
Mientras en los pasillos del evento la preocupación giraba en torno a los controles, en los panales las presentaciones iban por otro lado. En ese conexto, se presentó una propuesta para el mercado laboral, que estuvo explicada por Santiago Nicholson, Managing Partner de Nicholson&Cano Abogados; Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina; y Gabriela Bardín, gerente general de P&G Argentina.
Este proyecto persigue tres objetivos: reducir la incertidumbre a la hora de contratar respecto a la litigiosidad y alto costo, adaptar convenios colectivos y un esquema de migración desde planes sociales a empleo formal.
“No hace falta una gran reforma laboral”, dijo Nicholson sobre el primer punto. Consideró que para ello es necesaria una modificación en “el sistema de multas que se sancionó posterior a la ley de contrato de trabajo, sanciones por no tener registrado debidamente a sus empleados”. “No funcionó en la práctica sino todo lo contrario”, reflexionó.
Al respecto, plantean “reemplazar el sistema por otro en el que el Estado sea el que se encargue de controlar y percibir esas multas y que tengan relación con la infracción que cometan las empresas, porque a veces llega a quintuplicar el costo de la indemnización”. “No proponemos un ‘viva la pepa’ sino que el Estado controle y combata la informalidad”, puntualizó.
En cuanto a la adaptación de los convenios colectivos, Berardi explicó sobre lo fundamental de lograr hablar con los sindicatos: “Hay ejemplos en que se comprendió la oportunidad y que el mundo está cambiando. Se tuvo la mente abierta para adaptar convenios colectivos a nuevas realidades”.
Acerca de la posibilidad de migrar planes sociales hacia empleo privado, Bardín comentó: “Necesita ingredientes adicionales para hacer que sea un éxito. Tal vez esas personas nunca trabajaron ni tuvieron empleo formal o se quedaron afuera hace un tiempo”.
Por ello, en cuanto a cómo hacer que funcione, propuso: “Hay algo que es fundamental: extender el período de prueba, que hoy dura tres meses. Generar entrenamiento, disciplina, hábitos que tal vez no tienen o perdieron. Extender por lo menos a seis meses para permitir que sea exitosa la incorporación”.
También habló sobre la necesidad de “reducir cargas patronales y que el monto del plan social sea parte del salario”. “Hay que darle seguridad las personas, a las empresas y a los sindicatos”, subrayó. Sumaron también que una garantía para que ese beneficiario que pueda conseguir un empleo formal es que “puedan volver al plan social en caso de que la relación formal se rompa. “Pasa que hay miedo de dejarlo para explorar el trabajo en el sector privado”, argumentó la ejecutiva.
