Javier Álvarez
El Gobierno de Alberto Fernández analiza por estas horas impulsar un plan de estabilización que pueda frenar la inercia inflacionaria que se estabilizó en torno al 7% mensual hace tres meses, antes pedidos directos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ponerle freno a la problemática.
Con el ministro de Economía, Sergio Massa, en Washington por la Asamblea Anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el propio Gobierno hizo trascender sin dar detalles que evalúa un plan de shock para cortar con la inercia inflacionaria a partir de noviembre.
Esa estrategia podría contemplar, según los datos que salieron de despachos oficiales, un congelamiento de precios de las mil empresas productoras de alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo –con severas multas para quien no lo cumpla-, también de salarios, y del tipo de cambio y las tarifas por noviembre, diciembre, enero y febrero.
Son rumores y trascendidos que no terminaban, al menos hasta este jueves, de salir del viejo y conocido off the récord con el que se manejan mayoritariamente los funcionarios. Pero al margen de que por ahora se habla de una “evaluación”, hay quienes señalan que el Gobierno está decidido a impulsarlo porque las medidas macro no están impactando en la inflación.
En ese marco, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, envió un mensaje directo al corazón de la gestión Fernández. Aunque en el Gobierno aseguran que la idea de un “plan de shock” fue acordada ya entre Massa y la funcionaria internacional cuando se reunieron el 12 de septiembre en Washington.
“Nuestro compromiso es con el pueblo de Argentina. Y lo que espera el pueblo de Argentina es que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación para proporcionar una plataforma para acelerar el crecimiento, y eso es lo que apoyamos con nuestro programa”, afirmó este jueves Georgieva en una conferencia de prensa.
En paralelo, Georgieva abrió la puerta a cambiar las condiciones del acuerdo de refinanciación de la deuda de 44.500 millones de dólares con la Argentina. No obstante, advirtió que de ninguna manera el Fondo será “flexible” con el país si se piensan que estos cambios pueden ir en contra de los intereses de los argentinos, como por ejemplo con una meta más grande de déficit fiscal.
El principal objetivo del FMI, según Georgieva, es que la Argentina pueda de una vez por todas “anclar” su economía, para reducir la inflación y estabilizar el mercado cambiario. Esa es la base para que el país pueda volver más temprano que tarde al mercado internacional de deuda para financiarse y así poder pagarle realmente la deuda al Fondo a partir de 2024.
“Nunca consideramos que el programa está escrito en piedra, las condiciones han cambiado significativamente. Pero no seremos flexibles contra los intereses de los argentinos”, dijo Georgieva. Y admitió que existen “presiones” por parte de la sociedad argentina para ir en contra de una reducción del gasto público, que es lo que reclama el Fondo para continuar con los desembolsos millonarios que contempla el programa.
La directora gerente del Fondo dijo que a los integrantes del directorio del organismo multilateral les “agrada ver” que Massa “se toma muy en serio su responsabilidad”. Según Georgieva, el ministro de Economía “se ha comprometido con su equipo a cumplir lo que hemos acordado” en el programa con el Fondo. “Y se ha demostrado que el compromiso está ahí porque hemos sido capaces de llevar a cabo con éxito la segunda revisión”, enfatizó.
El personal técnico del Fondo y las autoridades argentinas acordaron que los objetivos establecidos en la aprobación del acuerdo “permanecerán sin cambios” hasta 2023, incluidos los relacionados con el déficit fiscal primario (2,5 % del PIB en 2022) y las reservas internacionales netas (5.800 millones de dólares para este año).
No obstante, el organismo también dijo que el nuevo marco macroeconómico refleja “un entorno global más difícil” y las recientes “presiones” del mercado interno, lo que obligó a corregir al alza las previsiones de inflación, que acumuló un incremento del 56,4 % en los ocho primeros meses del año, por lo que va camino de superar el rango del 52-62 % previsto para este año, incluso pudiendo superar las tres cifras.
“Somos plenamente conscientes de que, no sólo en Argentina, en muchos países, hay presiones de la población que van en contra de lo que es mejor para la gente. Presiones para aumentar el gasto cuando no es asequible y cuando alimenta la inflación”, explicó la funcionaria internacional al describir la situación en América Latina y otras regiones el mundo tras la pandemia de Covid-19, que aún no fue declarada como finalizada.
Georgieva indicó además que el equipo técnico del Fondo está siguiendo “muy de cerca la respuesta de la economía a las medidas de política”. E insistió con que el Fondo nunca toma los parámetros de un programa como algo inamovible si las condiciones cambian significativamente, como es el caso actual de la Argentina en el nuevo contexto global marcado por la invasión militar de Rusia a Ucrania.