Paulo Dybala podría ser sancionado con un mes de inhabilitación deportiva por un supuesto acuerdo privado millonario entre él y su anterior equipo, Juventus. La Fiscalía correspondiente investiga en el marco de la “Investigación Prisma”, relacionada con las maniobras salariales del club en el ejercicio de 2020.
La Guardia de Finanzas interrogó este martes al cordobés por su etapa final en la vecchia signora. Puntualmente, por 3 millones de euros que los investigadores buscan confirmar si se le abonaron al jugador y, en caso de haberlo hecho, bajo qué concepto, informó hoy la Repubblica.
El artículo 31 del Código de Justicia Deportiva prohíbe a los clubes pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas, pero también prohíbe a los jugadores pactar su cobro, que en caso de recibir acarrearían una inhabilitación no inferior a un mes.
El inicio de la Investigación Prisma
La investigación parte del ejercicio económico de 2020, cuando la situación socioeconómica generada por la pandemia de COVID-19 hizo que el club precidido por Andrea Agnelli en ese momento acordara aplazar pagos a determinados jugadores que no fueron incluidos en el ejercicio fiscal de ese año.
La entidad blanquinegra llegó a un acuerdo con los integrantes del plantel para que renuncien a cuatro meses de su sueldo, por lo que el presupuesto del club no se vio tan dañado en plena pandemia.
Sin embargo, meses después, la Fiscalía indagó ya que no se trató de una renuncia del salario, sino de un aplazamiento del pago de tres de los cuatro meses mediante un acuerdo privado, algo ilegal.
El motivo de la declaración de Dybala surge de una solicitud de indemnización realizada por el abogado del jugador a Juventus. La misma fue presentada luego del fin de las negociaciones que derivaron en la llegada a la Roma, su actual equipo.
La cifra se asemeja con el salario correspondiente a cuatro meses del jugador durante 2020 y que habrían acordado diferir en la temporada 2021 mediante un acuerdo privado. La declaración del media punta sirve a los investigadores para saber si hay más acuerdos realizados de manera privada y sin consentimiento de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
El Juventus se enfrentará a la audiencia preliminar en el marco de la operación ‘Prisma’ que investiga las maniobras salariales y el ‘caso plusvalías’ -motivo de 15 puntos de sanción en Serie A- el próximo 27 de marzo.
