El gobernador Martín Llaryora dio un efusivo mensaje a los directores de los hospitales de la provincia de Córdoba en el marco del conflicto desatado por la no renovación de contratos a fines de 2023. En este sentido, indicó: ”Si ustedes no están de acuerdo en defender a la gente, están en el lugar equivocado”.
El funcionario que asumió su nuevo rol el 10 de diciembre pasado enumeró a la falta de productividad y los altos niveles de ausentismo en los centros de salud como los motivos para la finalización de contratos en el personal de salud.
Llaryora comparó la atención pública (un médico recibe a ocho pacientes) con la privada en el ámbito local ( médico recibe a 20 pacientes), según datos compartidos en las últimas horas por su equipo del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.
LLARYORA APUNTÓ CONTRA LA ATENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA
Además, reiteró que el ausentismo en los hospitales públicos de Córdoba es del 56 por ciento promedio. “No podemos sostener una inversión de esta magnitud con el servicio que le damos a la comunidad”, ponderó.
Ante este escenario, adelantó que desde su gobierno no pueden “sostener una inversión de esta magnitud con el servicio que le damos a la comunidad”. “¡Se acabó! porque no le debemos nada a nadie, porque podemos mirarlos a los ojos y decir en este momento ‘che estamos haciendo en un esfuerzo tremendo’”, concluyó el gobernador que desconoce el acuerdo salarial firmado en el mandato de Juan Schiaretti.
QUÉ DIJERON DESDE EL SECTOR PÚBLICO DE LA SALUD EN CÓRDOBA
Por su parte, Sergio Castro, titular del Sindicato de Empleados Públicos del sector (Sep), quienes se movilizaron este miércoles, enumeró las consecuencias de las últimas medidas anunciadas por la gestión del exintendente de la ciudad.
“Tendremos más descuentos que aumentos: además de licuar los salarios por inflación, Llaryora aumentó los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y creó aportes para Apross”, dijo el hombre, en diálogo con La Voz, estimando bajas en sus ingresos cercanas al 50 por ciento.
Por último, adelantó que “si no se abre un diálogo real, la conflictividad se intensificará desde el 1° de febrero”. Por eso, el Gobierno los convocará formalmente con la idea de mencionar alternativas que resuelvan la situación hasta por lo menos los siguientes seis meses.
“El gobernador no está cerrado. Si los gremios tienen una propuesta superadora, se analizará. El aumento por decreto tampoco está descartado, pero se entiende que la alta conflictividad social y la implosión de la salud y la educación privada demandará más servicios del Estado, por lo que pretende superar rápidamente el conflicto salarial y hacerlo de manera ordenada con los gremios”, cerraron desde el Panal.
