La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) emitió un comunicado como rechazo a un nuevo ajuste del Gobierno a los salarios de activos y jubilados, de acuerdo al establecimiento de la sanción de la Ley de Presupuesto 2024 y el código tributario.
El Presupuesto 2024 fue sancionado por la Legislatura Provincial, y en su artículo 59 faculta al Poder Ejecutivo a incrementar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores comprendidos en la Ley de Jubilaciones vigente, hasta en un 2%, y establece que dicha facultad podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2025.
En ese marco, y de hacerse efectiva dicha facultad, UEPC sostuvo que ello “implicaría lisa y llanamente la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de todos los jubilados provinciales”.
LA UEPC CUESTIONA LA “DECISIÓN INCONSULTA”
Frente a una decisión que consideran “totalmente inconsulta”, los gremios que representan a los Aportantes y Beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba expresaron “un total rechazo a la medida”.
Y agregaron: “Como es evidente que la facultad sólo podría ser ejercida por el Gobernador electo Martín Llaryora, le solicitamos no hacerla efectiva a fin de evitar lo que sería un inevitable conflicto”.
Sobre este punto, desde el Suoem manifestaron que esto genera menor poder adquisitivo y no descartan medidas de fuerza para esta semana. “Los gremios estatales exhortamos a Llaryora en unidad de no hacer uso de esa facultad que mete la mano en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras porque sobrevendría un inevitable conflicto en toda la provincia”, expuso en Cadena 3 el vocero del sindicato, Ariel König.
Al mismo tiempo, pidieron al Gobernador electo “reforzar el diálogo con los representantes de los trabajadores activos y jubilados a fin de resolver los reclamos legítimos generados por la Ley 26.094, garantizando el 82% móvil y la percepción plena de la jubilación para todos los trabajadores, eliminando el Diferimiento vigente”.
Y concluyeron el escrito resaltando: “Para el caso de la docencia cordobesa, que sufre la peor jubilación docente del país, esta medida agrava y degrada aún más este derecho de los educadores activos y jubilados”.
