Este lunes, la Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva contra Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera. Al exfuncionario se le imputan graves delitos que afectaban la propiedad privada y la administración pública con fines de lucro.
Dictaron prisión preventiva para el exjefe de la Caminera
El fiscal Guillermo González imputó a Ochoa Roldán por asociación ilícita en carácter de jefe, encubrimiento, enriquecimiento ilícito, peculado de servicio, coacción y extorsión. La red delictiva incluía a siete personas: cinco efectivos policiales y dos civiles. Además del exdirector, tienen prisión preventiva Gabriel Élido Burkhard (civil, organizador), Martín Darío Heredia (policía, miembro y coautor de peculado) y Leonardo Javier Torres (policía). Otros dos integrantes, un agente y un civil, enfrentan una preventiva reducida. Un funcionario policial recuperó su libertad bajo fianza.
La investigación reveló un sofisticado modus operandi que usaba recursos estatales para beneficio personal. Obtenían información reservada de bases de datos como el 911 o la División Antecedentes Personales para “tarifear” servicios. Se valían del peculado de servicio, utilizando móviles y horarios laborales policiales para gestiones privadas y atención a clientes en despachos de Jefatura. Realizaban “desalojos exprés” que eran usurpaciones, amedrentando y cobrando entre el 20 y el 30 por ciento del valor del inmueble.
Cómo actuaban los integrantes de la banda delictiva
La estructura de la banda mostraba roles preestablecidos: Burkhard conseguía casos, reportando a Ochoa Roldán, quien asignaba a abogados cómplices. Si se requería una “demostración de poder”, otros policías intervenían. El fiscal González enfatizó la gravedad institucional de que efectivos policiales de jerarquía y letrados, con años en la fuerza, cometieran tales actos. A la banda se la conocía como “los simuladores de azul”.
La investigación judicial se encuentra en etapa incipiente, sin descartar nuevos hechos o responsables. La agrupación operaba en diversas zonas de la provincia con una organización celular coordinada. Un nutrido caudal probatorio, incluyendo llamadas y mensajes, acredita la vinculación de los imputados y su participación en los delitos.
