Carolina Ramos
El Juzgado Federal 2 de Córdoba investiga la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para que la subrogación de vientres. La causa impulsó a un diputado cordobés a presentar un proyecto de ley que agrave la carátula y pueda enmarcarlo como trata de personas.
En este sentido, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de una ley que, en caso de estar vigente, ayudaría a encuadrar la causa como trata de personas. Esto complicaría la situación de las nueve personas citadas a declaración indagatoria en la provincia.
EL PROYECTO QUE AGRAVA LA FIGURA Y LA UBICA COMO TRATA DE PERSONAS
El proyecto es del diputado Juan Brügge (Hacemos Coalición Federal) y comenzó a tratarse en la Comisión de Legislación Penal, presidida por otra representante de la provincia, Laura Rodríguez Machado (PRO).
El objetivo apunta a ampliar el artículo 145 bis del Código Penal, que actualmente establece que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
El agregado es para que no solo se contemplen los fines de explotación sino también “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”.
“Creemos que con ese agregado es más que suficiente para poder captar desde el punto de vista normativo todos esos hechos que hoy generan una discusión acerca de si pueden ser considerados como delitos de trata si tienen otra finalidad”, precisó el abogado penalista Darío Vezzaro, quien participó del debate junto a Brügge.
El diputado coincidió en que “en sede judicial se discute mucho este artículo y en muchos casos tienen que recurrir al Protocolo de Palermo”, que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata, especialmente de mujeres y niños, y que fue incorporado al ordenamiento jurídico argentino hace exactamente 22 años.
La iniciativa de Brügge recoge el modelo europeo, donde adopciones ilegales, matrimonios forzosos o maternidad subrogada para explotación reproductiva son considerados como trata de personas.
EL CASO DE SUBROGACIÓN QUE IMPULSÓ EL PROYECTO
El pasado 12 de julio, el Juzgado Federal Nro. 2 de Córdoba citó a prestar declaración indagatoria a nueve personas acusadas de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para oficiar de vientres subrogantes en procesos de fertilización asistida para terceros.
La medida fue ordenada luego de un pedido realizado por los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella, con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, por al menos catorce hechos ocurridos en dos clínicas de salud reproductiva, cuyos nombres no fueron dados a conocer.
Se investiga a los titulares y allegados de los dos centros de salud, donde las prácticas se desarrollaron de manera similar. Allí, según información oficial, los acusados habrían captado con fines de explotación a un número aún no determinado de mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerlas como gestantes a cambio de una suma de dinero aún no determinada.
Para los fiscales, los hechos denunciados encuadran en la figura de trata con fines de explotación, que es la única vigente en el Código Penal. Para saldar dudas a futuro, el diputado Brügge propone ampliar el delito a cualquier otra finalidad que atente contra la integridad psicofísica de la víctima.
En su presentación, el Ministerio Público solicitó que, además de las indagatorias, se ordene la inmediata detención de los máximos responsables, incluso los acusados de hostigamiento. Y requirió que se disponga de asistencia psicológica, médica y jurídica para las víctimas, así como medidas de protección.