Luis Alberto Renaudo y Eduardo Andrés Zapata, quienes llevan seis años en pareja, se decidieron hace un tiempo por la gestación subrogada para "agrandar la familia". Por esto, fueron a la Justicia para lograr la autorización del tratamiento y garantizar de ser reconocidos por el Registro Civil como los padres de la persona por nacer.
El juez Sebastián Monjo de Tribunales de Villa María les otorgó el aval, finalmente. Ahora van por el reconocimiento ante sus obras sociales para lograr la cobertura de un tratamiento que puede costar entre 500 mil y un millón de pesos.
"Lucho" y Andrés, como los llaman sus conocidos, formaron un hogar y tienen sus respectivos trabajos y entornos familiares que los acompañan. Hace tres años comenzaron a hablar sobre la idea de tener un hijo o una hija. Al ser una pareja integrada por dos personas del mismo género, el camino transitado les presentó varios obstáculos.
Sus primeros intentos fueron vía adopción, tanto como pareja o de forma monoparental, pero terminaron desistiendo porque se les presentaba como algo "más complicado".
De esta manera decidieron adentrarse en esta otra alternativa: la subrogación de vientre. Les llevó casi un año y medio llegar a la sentencia. Antes, según contaron a La Voz, pasaron por "una montaña rusa de emociones", en la que sentían que avanzaban un paso y retrocedían dos.
Mariana, por otra parte, es una mujer de 44 años que va a formar parte de esta historia. Ella es amiga de Luis y es, además, quien se ofreció voluntariamente a ser la gestante.
Todos debieron pasar por peritajes, análisis y varias entrevistas hasta que los especialistas dijeran que son personas "aptas" para la realización de esta gestación.
Para la realización del procedimiento elegido, deberán contar con un óvulo de una donante, fecundado con el semen de uno de los integrantes de la pareja. El embrión será implantado en el útero de la gestante, quien no tendrá luego ningún derecho legal sobre la persona por nacer. El niño o niña que nazca sí tendrá derecho a conocer su origen y hasta a saber quién fue la donante del óvulo, dato que queda preservado en la clínica de fertilización elegida donde se lleve a cabo este procedimiento.
Para llegar a la sentencia que permitió esto, todo fue "bastante complicado", contaron. "Si bien parte de la gente que trabaja en Tribunales estaba dispuesta a ayudarnos, hubo también atrasos en los procedimientos, por lo que se nos vencieron los estudios médicos que habíamos presentado. También tuvimos una entrevista psiquiátrica muy ríspida", repasaba Renaudo.
Por las demoras en resolverse, se les habían vencido unos estudios que costaban entre 18 mil y 20 mil pesos, y que una de las obras sociales no les cubrió.
Por esto, el paso siguiente es, justamente, lograr que sus respectivas entidades de salud reconozcan la cobertura de la gestación.
"La ley de fertilidad dice que las obras sociales deben hacerse cargo de cualquier tratamiento para cualquier persona y por cualquier avance científico dentro de este marco", recordó Renaudo.
"Esto abre las puertas a que muchas más parejas se animen a hacerlo. Es muy humano", coincidieron ambos."La idea es generar un cambio. Lo hicimos por nosotros, pero después nos dimos cuenta de que hay muchas parejas de hombres y mujeres que están solas y quieren ser padres y madres", dijo Renaudo.
Cabe recordar que la ley de fertilidad afirma que las orientaciones sexuales de una persona no deben ser un condicionante para el acceso a este derecho.