La justicia cordobesa falló a favor de comunidades indígenas que en marzo último presentaron una acción de amparo para que se declare nulo el proyecto de Ley de Bosques Nativos, por incumplimiento del Convenio 169 de la OIT que les reconoce el derecho a dar el "consentimiento previo, libre e informado" ante cualquier norma que modifique su territorio y formas de vida, por lo que pidieron que lo archiven y que haya una nueva convocatoria.
El fallo judicial exhorta al gobierno cordobés a que cumpla con la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, donde se estipula el proceso de participación ciudadana en la construcción del mapa de ordenamiento territorial.
Las comunidades comechingón y sanavirón, junto a ONGs, presentaron el 11 de marzo una acción de amparo invocando los derechos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional ante el tratamiento del proyecto de Ley de Bosques presentado por el gobierno de Juan Schiaretti.
"Este fallo es un antes y un después para los pueblos indígenas en Córdoba. A partir de ahora contamos con un antecedente para el cumplimiento de nuestros derechos en una provincia especialmente adversa y hostil para nuestra lucha por seguir existiendo", dijo a Télam Mariela Tulián, "casqui curaca" (autoridad ancestral) de la comunidad Tulián comechingón de San Marcos Sierra.
Tulián señaló que "los Estados tienen cuentas históricas pendientes con los originarios. Ojalá este fallo sea el puntapié inicial para comenzar a saldar estas cuentas que son muy abarcativas y complejas".
Esas deudas "no se refieren sólo a lo medioambiental, al derecho a proteger y administrar nuestros territorios ancestrales y sus recursos: también deben enfocarse en derechos culturales, de acceso a los distintos niveles de educación y educación Intercultural bilingüe, a una soberanía alimentaria y de la medicina, al autogobierno y libre determinación. En definitiva, derecho al buen vivir como nación que somos", indicó.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, integrada por el Movimiento Campesino, pueblos originarios de Córdoba, entidades ambientalistas y ONGs, coincidieron en señalar que al elaborar el proyecto autoridades y legisladores "violaron todas las normas que resguardan los derechos indígenas y la diversidad biológica".
Para el abogado de la causa, Federico Macciocchi, ese proyecto "evidencia la violación a los procedimientos que las normas constitucionales e instrumentos internacionales exigían ser cumplimentados de manera previa".
"Concretamente -precisó-, las autoridades tienen la obligación de garantizar a las comunidades de pueblos originarios el derecho a ser consultados y a expresar libremente su consentimiento sobre la base de la información, respecto de hechos o decisiones que pudieran afectar sus territorios tradicionales”.
La Coordinadora consideró que "la única medida razonable es el archivo definitivo" del proyecto "y que la Secretaría de Ambiente convoque a un nuevo proceso de elaboración, esta vez participativo y respetuoso de las leyes”, como pidieron en un documento avalado por más de 15.000 firmas.
